• EN LA PUERTA DE LA FISCALÍA • Un grupo de familiares de víctimas de los hechos del 2003 se manifestó ayer en Sucre.

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Así lo reveló ayer a La Razón el ministro de Defensa, Walker San Miguel, luego de que sostuvo una reunión durante casi tres horas con el actual Mando Militar.

Ayer, los jefes del Alto Mando Militar del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Juan Véliz Herrera, Luis Aranda, Oswaldo Quiroga, Roberto Claros y Gonzalo Rocabado, fueron imputados por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia como presuntos responsables de homicidio, incumplimiento de deberes, genocidio en forma de masacre sangrienta y otros, que habrían cometido en septiembre y octubre del 2003.

Según la Fiscalía, en la investigación realizada dentro del juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada y su gabinete, además de los peritajes, autopsias, necropsias, informes médicos, declaraciones de víctimas y testigos, se estableció que existen nuevos elementos de convicción con relación a la participación de los ex jefes citados en los violentos sucesos acaecidos en La Paz y El Alto.

A los militares se les imputa también por lesiones gravísimas, graves y leves, lesión seguida de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio y dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y leyes.

A diferencia de los anteriores mandos militares que se oponían a que sus camaradas acudan a la justicia ordinaria, San Miguel, luego de la reunión con el Mando Militar, dijo que los actual jefes castrenses analizan su línea institucional “en función a la ley y al margen del gremio”, por lo que aseguró que “hay un cambio de actitud” que permitirá que los imputados se defiendan “sin obstrucciones” de ninguna clase.

Sin embargo, fuentes cercanas a los militares señalaron que el actual fiscal general, Pedro Gareca, “actúa de manera política y alejado de la técnica jurídica”.

A raíz de dicha imputación —que es una ampliación de la anterior acusación formal que la Fiscalía hizo en contra de nueve ex ministros de Estado que participaron del gobierno de Sánchez de Lozada—, se extiende por otros seis meses el plazo para la presentación del requerimiento acusatorio conclusivo que la Fiscalía debe entregar a la Corte Suprema para iniciar el juicio oral propiamente dicho.

Los ex jefes militares “pasaron de ser testigos a imputados”, dijo ayer el fiscal asignado al caso, Milton Mendoza, y anunció que después de que la Sala Penal I considere la imputación y les notifique con el documento, ellos pueden asumir su defensa.

Desde mayo del 2005, los ex jefes castrenses y sus sucesores en el Alto Mando Militar interpusieron una serie de incidentes ante la Corte Suprema, para evitar el levantamiento del denominado “secreto militar” y su posterior enjuiciamiento. San Miguel dijo que ahora las cosas cambiaron. Redacción Central y Sucre