La Francia menguante
Ángel Ubide*

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A principios de semana, y tras varias de conflicto, el Gobierno francés ha retirado el Contrato de Primer Empleo (CPE) para reemplazarlo por medidas que favorezcan la inserción laboral de jóvenes. Dicha normativa había nacido muerta tras la extraña maniobra del presidente Chirac promulgando la ley, pero al mismo tiempo pidiendo su no aplicación. Lo sucedido ofrece una lectura muy preocupante para el futuro de Francia y de la perspectiva de reforma en Europa. La retirada del CPE revela la clara supremacía de la ideología sobre la ciencia. El CPE, que relaja las restricciones al despido para los jóvenes, se basa sobre uno de los resultados más concluyentes de la economía del trabajo: la mejor política para aumentar el empleo es reducir las restricciones al despido.

Pero también refleja la falta absoluta de ambición y de coraje para adoptar un plan de reformas coherente y creíble. Porque lo que el Ejecutivo francés ofrecía era una reforma tímida, parcial e incompleta de su mercado laboral. Los jóvenes se quejan de que el Gobierno quiere precarizar su empleo, y en cierta manera tienen razón. Lo que el Gobierno debiera hacer es flexibilizar el empleo de todos los ciudadanos, no sólo de los jóvenes. Francia cuenta con uno de los sistemas laborales más rígidos del mundo desarrollado y, no por casualidad, con una de las tasas de desempleo más elevadas. Al mismo tiempo, tres cuartas partes de sus jóvenes sueñan con ser funcionarios públicos, según una encuesta reciente.

¿Quién ha organizado las manifestaciones? Las asociaciones de estudiantes universitarios, los mismos que sueñan con ser funcionarios. ¿Pero a quién iba dirigido primordialmente el CPE? A los trabajadores jóvenes y con menos calificaciones, no olvidemos que el CPE fue la respuesta a los disturbios del pasado noviembre. Por tanto, no es descabellado argüir que la principal oposición al CPE no ha venido de sus principales destinatarios, sino de aquellos que lo ven como un primer paso hacia la reducción generalizada de las restricciones al despido. Los manifestantes han reducido las posibilidades de empleo de los que más se iban a beneficiar.

Francia debería, por tanto, embarcarse en una reforma global de su mercado laboral. Pero, para esto, hacen falta dos cosas: coraje político, que parece faltar, y unas finanzas públicas saneadas para costear el aumento del gasto necesario. Y, por desgracia, Francia tampoco tuvo el coraje de sanear sus cuentas públicas cuando tuvo la oportunidad en la segunda mitad de los noventa. Francia lleva muchos años adoptando reformas marginales y a escondidas, y la estrategia claramente ha fracasado.

*Ángel Ubide
de El País de Madrid para La Razón.
Éste es un extracto del artículo original.