En tres meses, Evo amplió su poder y preparó sus medidas Su más importante logro es la convocatoria a la elección de constituyentes y el referéndum. También lanzó medidas sociales, pero las estructurales aún se hacen esperar. Para copar el Estado, destituyó autoridades y presionó a otras.
El 22 de enero de este año —hace tres meses—, Evo Morales llegó al poder con el 53,74 por ciento de los votos. En marzo, según la encuesta de Apoyo Opinión y Mercado Bolivia, el Presidente obtuvo el 80 por ciento de aprobación en el eje central del país.
Pero nada de eso fue suficiente. En más de una ocasión, Morales ´se declaró prisionero de las leyes neoliberales´ y denunció que la estructura estatal heredada de anteriores gestiones, buscaba desestabilizar su gobierno.
Con ese argumento empezó el desmontaje del aparato del Poder Ejecutivo, continuó con las entidades económicas que habían logrado cierto grado de independencia del Gobierno a través de procesos de institucionalización como Impuestos, Aduana y Caminos. Allí nombró a gente de su confianza, igual que en las superintendencias, donde se produjeron renuncias, como la de Transportes e Hidrocarburos.
El Jefe de Estado no se detuvo ahí, sino que traspasó las fronteras del Ejecutivo y se enfrentó al Poder Judicial y a la Corte Nacional Electoral. En el proceso, renunciaron algunos miembros y los presidentes de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y de la Corte Electoral.
Morales se quejó de que ´las vacas sagradas del Poder Judicial´ no le acompañan en su proyecto para cambiar el país, en cambio destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía, sí lo hicieron.
Para el Gobierno, se trata de un ´proceso de cambio´ o ´una revolución en democracia´, mientras que la oposición cree que el Ejecutivo no tiene programa, sino agenda política, “que es el copamiento del Estado”, según Fernando Messmer, jefe de la bancada parlamentaria de Podemos, quien cuestiona el ataque gubernamental a “miembros de diferentes instituciones, denigrando y acusando sin pruebas”.
Ni el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, se salvó de los ataques, pues fue acusado de ´defender a los corruptos´, por haber abogado por el ex presidente de caminos, José María Bakovic, quien fue acusado de corrupción, llevado a la cárcel y luego liberado.
La oposición también cuestionó al Gobierno por su intento de copar la Asamblea Constituyente. Primero, con un proyecto para elegir sólo a las mayorías; luego, con el plan de documentación y, finalmente, con el intento de inclusión de los depurados.
El Ejecutivo cree que la oposición no tiene “interlocutores calificados” y está convencido de que posee la legitimidad suficiente, con el “54% de votación, para avanzar con los cambios que reestructurarán el Estado”, sin reclamos de otros líderes “que no representan al pueblo”, manifiesta el viceministro de Coordinación con los movimientos sociales, Alfredo Rada.
Entre los más importantes cambios encarados por el Gobierno y su bancada parlamentaria, figura la convocatoria a la elección de constituyentes el 2 de julio, que instalarán la Asamblea el 6 de agosto. Paralelamente a la elección de asambleístas se desarrollará el referéndum.
Para los próximos días se prevé el lanzamiento de tres medidas consideradas estructurales: la nacionalización de los hidrocarburos y la eliminación de la libre contratación, a través del cambio del decreto 21060.
Según el viceministro Rada, son medidas que están listas y que “el Gobierno está en condiciones de lanzarlas, aunque los tiempos serán definidos por el Presidente”, aseguró. Fuentes gubernamentales dicen que el lanzamiento será el 1 de mayo, en homenaje al Día del Trabajo.
El vocero del Palacio de Gobierno, Alex Contreras, también cree que la “madre de las batallas” será la nacionalización, pero asegura que en estos tres meses se avanzó en cambios de fondo.
Contreras se refiere, así, a la austeridad como principio gubernamental y la consecuente dotación de ítems para los sectores de salud y educación.
Además, el Ejecutivo destaca el aumento salarial del 7% para salud y educación, el lanzamiento del Propaís para la generación de empleo, la tarifa dignidad para la electricidad, el incremento de las rentas de los jubilados y el cambio que empieza a ejecutarse en la Policía Nacional.
Rada considera que son medidas “de inclusión y cambio” para atender a algunos sectores sociales, aunque reconoce que los pasos que se dieron son lentos, pero que son el cambio.
“Por supuesto que estas medidas no llegan a cubrir la deuda histórica acumulada, esa deuda social tiene una herencia negra que viene de estos 20 años de neoliberalismo”, dijo. Estas medidas, sin embargo, no han logrado aplacar las protestas en diferentes puntos del país por los más diversos motivos. A los maestros y a los salubristas el incremento del 7 por ciento les pareció escaso, aunque los primeros ya firmaron.
Pero, sin duda, los más duros conflictos surgieron en las regiones de Tarija y Santa Cruz, donde se articularon fuertes movimientos en contra del Gobierno, pero también otros a favor. La pulseta está en la mesa y las tensiones crecen mientras más se aproxima la Constituyente.
“No sé cómo algunos poderes todavía no entienden cómo hacer una revolución democrática”. (Evo Morales ante los militares)