Los dilemas de la nacionalización
José Luis Roca*

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Algo muy raro está ocurriendo en el Gobierno sobre el tema de la nacionalización de los hidrocarburos.

Pese a que la nacionalización es la medida central del programa del MAS, los hombres de Gobierno, con inquietante reiteración, nos confiesan que no saben como hacerla. Pregunto: ¿Por qué el Gobierno no organizó (todavía puede hacerlo) una comisión compuesta por políticos y técnicos para producir un documento legal nacionalizador?

Eso fue lo que se hizo, con éxito, en los años ’50 cuando se nacionalizaron las minas y se decretó la Reforma Agraria.

En cambio ahora, esa trascendental medida está sufriendo una y otra postergación en medio de un mar de contradicciones.

El ministro de la Presidencia, José Ramón Quintana, ha declarado al diario La Prensa, (24.04.06) que el Estado no será socio de las petroleras y que las empresas extranjeras actuarán sólo como ´prestadoras de servicios´.

Si el Estado rehusa participar como socio mayoritario de las trasnacionales petroleras, estará dejando sin efecto el mandato del referéndum de 18 de julio de 2004 y el artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos en actual vigencia.

Ambas normas legales disponen la ´refundación de YPFB recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas.´

No es cuestión, entonces, de querer o no querer ser socio, sino de cumplir o no cumplir la ley. Y sabemos que el no cumplimiento de la ley acarrea sanciones penales al funcionario que incurre en esa falta.

Hemos visto cómo el actual Gobierno está enjuiciando a varios expresidentes de la República y ministros de Estado por violar la ley en materia de hidrocarburos. ¿Será que los denunciantes de ahora se convertirán también en reos de la justicia?

Para recuperar las acciones bolivianas en las petroleras capitalizadas, el Estado no necesita formar sociedades mixtas, como sostiene, equivocadamente, el ministro Quintana. Puede hacerlo conservando la misma estructura legal de sociedades anónimas que ahora tienen tales empresas. Sólo que el Estado entraría a mandar en ellas al poseer más del 50% de las acciones.

Los hombres de Gobierno despotrican todos los días contra el neoliberalismo y, sin embargo, no se empeñan en la tarea de reconstruir el Estado nacional haciéndose cargo de las empresas estratégicas.

YPFB, de quien se ocupan diariamente los medios, se encuentra en estado de coma. Es sólo un cascarón, una fachada, porque así la dejó la vorágine antinacional gonista. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada para que vuelva a ser una empresa de verdad pese a estar ya embarcada en grandes negocios.

Si, como lo ha anunciado el ministro Quintana, el Gobierno rehusa dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, estará también cerrando el paso a que renazcan otras empresas estatales que fueron desmanteladas durante ese proceso corrupto y depredador llamado ´capitalización´.

Me refiero a empresas como ENDE, del sector electricidad, y ENFE, del sector ferrocarriles a las cuales, al igual que a YPFB, se les puso el infamante rótulo neoliberal de ´residuales´.

En esos casos, como en el de ENTEL, el Estado puede, si el Gobierno decide cumplir la ley y sus promesas electorales, entrar como accionista mayoritario. Es una medida práctica para derrotar al neoliberalismo.

Ni para qué hablar del LAB. Por quebrada que se encuentre nuestra línea aérea bandera, verdadera reliquia del viejo nacionalismo, el Estado es no sólo socio mayoritario sino propietario de ella. Sólo tiene que sumar sus acreencias a las acciones de los bolivianos. ¿Por qué entonces el Gobierno Nacional no asume esa responsabilidad anhelada por la gente?

Pero está visto que el Gobierno se ha negado a tomar el liderazgo para resucitar al LAB. Perdón por las palabras duras, pero yo creo que actúa de esa manera por ignorancia o por cobardía.

Por otra parte, ¿qué quiere decir el ministro Quintana cuando afirma que las empresas petroleras reducirán sus actividades a la ´prestación de servicios´? Esa frase bien merece una aclaración pues así, chuta, da la impresión de que se trata de una irracional e innecesaria amenaza.

Si, contrariando lo que la ley ordena, YPFB no ha de ser ´refundada´, esto es, si no se la dota de un patrimonio que ahora no posee, ¿cómo diablos podrá hacerse cargo de toda la cadena productiva de los hidrocarburos si, además, se cierra el paso al capital extranjero aun cuando éste sea socio minoritario?

¿Por qué no se transfiere a favor de YPFB las acciones de los bolivianos en las petroleras capitalizadas?

Si alguien teme la inseguridad jurídica, héla aquí, una de marca mayor. Lo único que hasta ahora tenemos son vacilaciones, anuncios contradictorios y absoluta falta de claridad y coherencia en materia tan delicada.

Para colmo de males, el presidente Evo Morales declara que la nacionalización aun no se concreta porque ésta necesitaría ´un batallón de expertos´ que Bolivia no posee. Señor Presidente, usted tan nacionalista y tan boliviano, ¿por qué subestima así al profesional boliviano? Le aseguro que el batallón existe. Sople usted el pututo y aparecerán los conscriptos.

Una nación se consolida, un Estado se fortalece, en la medida en que sus hijos creen en su propia potencialidad humana. De lo contrario, cae en el nihilismo y la abyección. Muchos pensamos que con un indio en el poder, mejoraría la autoestima del boliviano pero, hasta el momento, estamos amenazados de una nueva frustración política.

* José Luis Roca
es abogado e historiador.
jlrocag@acelerate.com