La Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, que investiga un supuesto contrabando en la importación de maquinaria para la planta de procesamiento de gas del campo Margarita, hasta anoche no tenía claro cuál es la empresa que cometió el presunto delito. Sin embargo, el jueves pasado dispuso el secuestro de ese lugar.
“Ahorita todavía no hemos hecho la imputación correspondiente porque no sabemos quién ha cometido el hecho delictivo; estamos en ello”, declaró ayer el fiscal del caso, José Centenaro, ante la consulta de La Razón.
La planta del campo Margarita fue secuestrada por orden de la Fiscalía de Santa Cruz, que se basó en indicios de que el ingreso de la maquinaria utilizada allí se produjo por la vía del contrabando.
Para conocer la opinión de un especialista, este medio de comunicación consultó a la abogada Audalia Zurita, quien explicó que no se puede emprender una investigación y menos una acción legal sin una imputación.
Para instalar la planta procesadora de gas, Repsol YPF contrató el año 2004 a un consorcio de empresas que estaba integrado por Ballyco, encargada de instalar la planta; Bolinter, para la construcción, y Nuevo Cerro Dragón para la puesta en marcha.
Ballyco obtuvo la autorización para declarar a la zona como "depósito especial aduanero", por el tamaño de los equipos que fueron trasladados en 70 camiones.
El Fiscal del caso dice que sospecha de cualquiera de las siguientes compañías: “Puede estar Repsol, o Bolinter, o Ballyco”.
El presidente de Ballyco, Carlos Ballivián, reconoció que hubo un retraso en el pago de los impuestos, pero aclaró que después cancelaron $us 1,2 millones por ese concepto. “El tema no es procedente porque se pagó todo lo que se debía”, aseguró.
Para el Fiscal, éste es un delito y la empresa debe pagar por ello.
“Pagando no se acaba el delito; el delito se ha cometido y aunque se pague extemporáneamente, es delito”, enfatizó Centenaro.
Según Zurita, eso no es delito, sino una infracción y corresponde una multa. “Aunque la empresa tarde en pagar, no importa, ha pagado y para eso hay una sanción por incumplimiento de deberes formales”, explicó.
El Gobierno justificó el secuestro al sostener que la justicia debe intervenir en posibles irregularidades. Según la Agencia Boliviana de Información (ABI), el ministro Carlos Villegas dijo que hubo importación subrepticia de insumos, sin pagar impuestos.