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“Los recursos (judiciales) pueden ir a la Justicia boliviana, a través de un recurso de inconstitucionalidad”, declaró en una entrevista concedida a medios de comunicación brasileños.

El ejecutivo de Petrobras aclaró que la empresa también maneja la opción de reclamar ante la Justicia de Bolivia con otro tipo de recurso, bajo el argumento de que un decreto supremo, en este caso, pasaría por alto una ley.

Esta empresa es la principal inversionista extranjera dentro del país en el sector de hidrocarburos. Sus inversiones bordean los $us 1.500 millones y su importancia radica en los 26 millones de metros cúbicos de gas que Brasil importa a diario de Bolivia.

Su presidente, José Sergio Gabrielli, advirtió el miércoles que rechazará cualquier aumento en el precio del gas natural que importa de Bolivia y, además, anunció que Petrobras frenaba sus planes de inversión en este país.

“Petrobras, como el Gobierno brasileño, admite que Bolivia es soberano para tomar esa decisión (la nacionalización), pero tiene intereses que defender”, dijo.

Ayer, el presidente brasileño Luiz Inácio da Silva dejó establecido que Petrobras es una empresa autónoma y que esa compañía definirá sus inversiones en Bolivia. “La empresa (Petrobras) invertirá donde tiene posibilidades de invertir y donde pueda tener retorno en sus inversiones. Eso vale para Petrobras, como para cualquier otra empresa”, aseveró luego de la minicumbre de presidentes que compartió con sus homólogos de Argentina, Venezuela y Bolivia en Puerto Iguazú.

Según el presidente de Petrobras en Bolivia, el decreto de la nacionalización tiene “imprecisiones, indefiniciones”. Uno de los puntos que no quedan claros para Petrobras es el relacionado con la comercialización.

“El gas es un proceso continuo: es producido, entra en los ductos y es entregado al mercado consumidor. El decreto dice que la comercialización pasa a control de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), ¿de qué manera va a ejercer ese control de comercialización?”, se preguntó ante los medios brasileños.

De Freitas también señaló como una “imprecisión” el tema de la entrega del gas a YPFB en boca de pozo. “Yo no sé cómo hago una entrega de gas producido en boca de pozo, si la producción es un proceso continuo”.

Por otro lado, se refirió a la incidencia de la nueva tributación de 32% adicional al 50% estipulado anteriormente. De Freitas entiende que no se trata de un impuesto, sino de una participación adicional de YPFB en los megacampos San Alberto y San Antonio y, en ese sentido, dijo que al ser una “participación de resultado”, YPFB “debería ser recogida al final de todo el proceso de resultado”, descontando los pagos de los costos de operación y los demás impuestos.

Sin embargo, Petrobras tiene otra duda más y es si el 32% adicional, en realidad, será cobrado con la facturación de la empresa.

CARTA AL GOBIERNO

Dudas y preocupación • Petrobras Bolivia envió una carta a las autoridades bolivianas en la que expresa sus “dudas y reservas en materia jurídica, respecto a los alcances del Decreto Supremo 28701”. También manifiesta su “preocupación” en relación con los mecanismos y procedimientos que debe aplicar en las operaciones hidrocarburíferas dentro del país.

Acatamiento y misión • La carta señala que Petrobras acatará la medida y seguirá operando normalmente, en cumplimiento de los términos y condiciones contractuales, reglamentos y normas vigentes. Por otro lado, se informó que el Gobierno brasileño enviará la próxima semana una misión a Bolivia para negociar los contratos de Petrobras.