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Repsol-YPF, en su misiva, le pidió al titular de YPFB, Jorge Alvarado, que se indique la forma en que se instrumentará la disposición establecida en el artículo 2 del Decreto Supremo 28701, que determina que las petroleras deben entregar toda la producción de hidrocarburos a Yacimientos. Si bien Repsol-YPF sostiene que seguirá operando en el país, aclara que ésta y sus subsidiarias “se ven obligadas a reservar todos sus derechos y acciones respecto a las medidas del Gobierno, incluyendo los derechos y acciones bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia”.

Por su parte, Petrobras expresó su “preocupación y dudas respecto a los mecanismos de cómo proceder con nuestras actividades hidrocarburíferas”. También se reservó el derecho de asumir las medidas necesarias para proteger sus inversiones. Petrobras y Transierra aclararon que sus notas no son ni pueden interpretarse como una aceptación de los términos del decreto. Según el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, las empresas, en sus notas, no expresan “taxativamente” la intención de acudir a un arbitraje internacional.