Harta tierra
Juan L. Cariaga*

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Creo que todos estamos conscientes de los abusos realizados por algunos políticos, con el propósito de lograr groseras concesiones de tierra que, necesariamente, deben ser revertidas al Estado, para su redistribución a los que no la tienen. Pero, de ahí a efectuar una “segunda reforma agraria”, creo que queda mucho camino por recorrer.

Y la razón es la siguiente: Bolivia, con su inmenso territorio, tiene muchísimas tierras fiscales, que pueden ser distribuidas entre aquellos que no la tienen y, de esta manera, evitar que, de manera indiscriminada, se afecte la propiedad de quienes legítimamente sí la tienen, después de la Reforma Agraria de 1953.

En efecto, si uno examina la información satelital, se dará cuenta que de los 1.098.491 kilómetros cuadrados del territorio boliviano, el 51,4 por ciento corresponde a áreas forestales, que obviamente no son cultivables. Si a esto se le añade las áreas no cultivables propiamente dichas, las cubiertas por agua, las montañas y las nieves eternas, quedan aproximadamente un 33,5 por ciento de territorio, que puede ser cultivado en diferentes grados de intensidad. Esta área, de aproximadamente 368 mil kilómetros cuadrados, bajo cualquier estándar internacional es, como se dice en Bolivia, “harta” tierra, pues cubre un territorio equivalente a más de tres veces el territorio de Portugal.

Sin embargo, los bolivianos somos demasiado cómodos para interesarnos en seguir el mismo derrotero, que siguieron aquellos colonos que poblaron el oeste de los Estados Unidos. Lo que queremos es echar mano rápida a lo que está ahí, que son las mejores tierras del país, las que están cerca de los caminos u otras vías de comunicación y las que, por razones que explicaremos más adelante, están parcial y no totalmente trabajadas por sus propietarios.

Y cuál es la excusa para hacer esto: el tan mentado precepto constitucional que dice que las tierras deben cumplir una función económica y social o, de lo contrario, pasarán a ser revertidas al Estado boliviano.

Sin embargo, como economista, yo me pregunto: ¿qué pasaría si los bolivianos explotáramos la totalidad del territorio cultivable de Bolivia para cumplir con este precepto constitucional? La respuesta sería que Bolivia tendría un excedente agrícola de más de 27 veces la producción que tenemos actualmente que, obviamente, no podría ser absorbida por nuestro limitado mercado interno, ni podría ser exportada a los grandes mercados internacionales, debido a que el país, reiteradamente, se opone a realizar acuerdos comerciales, que nos permitan abrir los mercados más grandes y más importantes del mundo.

Por lo tanto, desde el punto de vista económico, me parece muy difícil pedir que el país o los bolivianos podamos cumplir con este importante precepto constitucional. Está claro que el actual mercado interno es superabundantemente cubierto con el cultivo del 2,6% por ciento del territorio nacional y que, por razones que se ha explicado anteriormente, el incrementar la producción para exportar a los grandes mercados internacionales, por el momento, no es una posibilidad real.

Lo que pasa es que los políticos, con sus verdades a medias, siempre marean la perdiz y nos cuentan una realidad que los economistas no podemos comprobar. Sin embargo, esto no quiere decir que estoy de acuerdo con el latifundio; mucho menos con el latifundio al estilo boliviano, que consiste en conseguir grandes extensiones de tierra con el favoritismo político. Tampoco estoy de acuerdo con el llamado engorde de tierras, a pesar de que, como tal, ésta es una legítima actividad que se contempla en legislación boliviana.

Por lo tanto, no parece entonces lo más apropiado el anunciar la puesta en práctica de estas medidas, cuando el país no ha tomado en consideración la posibilidad de distribuir un gran número de tierras fiscales, que hoy en día se encuentran ociosas. Tampoco parece lo más apropiado el adelantar el alcance de estas medidas cuando, a más de 10 años de la Ley INRA, en el mejor de los casos, el saneamiento de las tierras no ha concluido y, en el peor, éste todavía no ha comenzado.

Por otra parte, ahora que tendremos una nueva Asamblea Constituyente, creo que ha llegado el momento de reevaluar la validez de todos nuestros preceptos constitucionales. El adelantarnos en los hechos, lo único que hará es traer el enfrentamiento entre los bolivianos.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.