En los últimos años, la autoridad del Estado se ha visto seriamente dañada. La pérdida de autoridad del Estado parece estar en directa relación con la pérdida progresiva de representatividad de dirigentes democráticamente elegidos. Al mismo tiempo, cabe destacar el gran deterioro sufrido por un Poder Judicial altamente dependiente de los intereses políticos y económicos, y que también fue perdiendo credibilidad frente al ciudadano. Todo ello condujo a la incapacidad del Estado, tanto nacional como municipal, para hacer respetar las leyes y para generar verdaderas políticas de Estado.
Al contrario, el panorama mostraba un progresivo aumento de la capacidad de convocatoria y presión, de grupos corporativos, sectoriales, sindicales, gremiales, empresariales o regionales. Esta capacidad se expresaba, por un lado, en la utilización de los mecanismos de presión y movilización social, como condición indispensable para una negociación que aparecía como corolario a un resultado ya anunciado de antemano.
Por otro lado, se hacía imposible la generación de propuestas de Estado, debidamente consensuadas y negociadas por sectores sindicales, empresariales y estatales, que puedan consolidar un verdadero proceso de desarrollo de conjunto. Prácticamente hasta el día de hoy, se hace casi imposible sentar en una misma mesa de negociaciones a distintos sectores, sean estos políticos, sociales o sindicales.
Todo este panorama se agrava si se manifiesta también a través de la lucha de liderazgos y el enfrentamiento por ganar espacios de poder, lo que hace que permanentemente se subordine el interés nacional, al interés electoral y coyuntural.
De esta forma, adquieren mayor poder los grupos que tienen mayor capacidad de presión y de cohesión interna. En consecuencia, todas las políticas públicas fueron subordinándose a lo que los distintos intereses sectoriales podían proponer.
Así, el actual gobierno está delante de la dura tarea de generar nuevamente capacidad del Estado para crear consensos en políticas públicas. No se trata de aplicar decisiones arbitrarias con el uso de la fuerza legítima otorgada al poder público. Tampoco se trata de generar una dinámica de copamiento de los distintos espacios, políticos, económicos y sociales, por parte del Gobierno de turno para imponer sus políticas partidarias.
Se trata de aprender a ver en el horizonte largo, a través de decisiones consensuadas entre distintas fuerzas políticas, económicas y sindicales, subordinando el interés sectorial al bien más común. Solamente en este momento, el Estado tendrá capacidad de movilización y construcción de una sociedad más unida, y solidaria con los sectores más empobrecidos.
*René Cardozo es sacerdote jesuita y diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.
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