La nacionalización de los hidrocarburos tenía que ser motivo de decisiones tarde o temprano, no sólo por la presión popular o por la llamada agenda de Octubre, sino por la necesidad de aclarar este oscuro tema que ha despertado susceptibilidades, por la insólita reserva que los anteriores gobiernos han mantenido, hay que reconocer que finalmente se ha tomado una medida con valentía que indudablemente afecta la imagen del país y la seriedad de su conducta, pero frente a esa parte negativa, está el interés nacional de aprovechar su riqueza hidrocarburífera en beneficio de una población que se muere de hambre y que tiene derecho a recurrir a uno de sus pocos medios para salir adelante. Esa situación debe entender la comunidad internacional. El famoso precio “solidario” debería haber sido tal, pero a favor de Bolivia y no al revés.
Lamentablemente, sin embargo, en lugar de utilizar la persuasión, mediante un diálogo respetuoso, con empresas que han invertido en Bolivia y que han suscrito contratos de explotación, que se están rescindiendo unilateralmente, se ha recurrido a una innecesaria agresión contra quienes se prestaron a jugar con nosotros dentro de determinadas reglas fijadas por un gobierno, bueno o malo, pero gobierno al fin. Es bueno recordar que si no hubiera habido capitalización, con todos sus errores y con todas sus incógnitas, no hubiera gas y por tanto tampoco nacionalización, proceso que debería impulsarse tratando en lo posible de resguardar la seriedad del país.
Es repugnante escuchar a un asesor de YPFB afirmar que no hay riesgo en la medida, ya que si por ejemplo a Petrobras se le hubiera fijado un porcentaje de sólo un 5% en lugar de 18%, igual la hubiera aceptado porque Sao Paolo funciona y vive del gas boliviano y que de momento no tiene otra opción, o propalar que el país ya no está en oferta para pensar en atraer inversiones y que no interesan los mercados, porque lo único importante es un gobierno fuerte que proponga, disponga y ejecute. Que no hay que tener miedo a juicios internacionales que son fantasmas que se han creado, porque aún en el caso de que nos demandaran y que nos ganaran en esos tribunales, no hay forma coercitiva de aplicar la sanción. Es decir, no se sabe si ese alto funcionario público, quiere un gobierno fuerte o un gobierno cínico.
Sobre materia petrolera hay todavía mucho camino que recorrer, sobre todo en los próximos ciento ochenta días de negociación que ojalá se lleve a cabo sin la manifiesta injerencia del presidente venezolano.
Hay que reconocer los aciertos del gobierno del presidente Morales, porque hay que dar al César lo que es del César, pero es necesario también advertirle sobre los peligros emergentes de la intromisión.
*Gastón Solares Ávila es empresario y reside en Sucre.
Constituyente y empleos
Las campañas electorales que pugnan por espacios de representación en la Asamblea Constituyente se han iniciado.
La autoridad del Estado
En los últimos años, la autoridad del Estado se ha visto seriamente dañada. La pérdida de autoridad del Estado parece estar en directa relación con la pérdida progresiva de representatividad de dirigentes democráticamente elegidos.