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El anuncio lo realizó ayer en Cochabamba el presidente en ejercicio, álvaro García Linera, quien aseguró que estos temas “son de conocimiento del Jefe de Estado (Evo Morales) y que una vez que firme los decretos, hoy o mañana, entrarán en vigencia”.

El Ejecutivo propone modificaciones a la Ley 1715, del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para poner en marcha un proceso masivo de reversión de tierras que no cumplen la función económica y social, agilizar el saneamiento e implementar cambios en el ordenamiento jurídico agrario.

“Nadie expropiará tierras, se garantizará la propiedad que está cumpliendo la función económica y social, como dice la Constitución”, aseguró García Linera.

Los decretos permitirán la redistribución de entre 2 millones a 4,5 millones de hectáreas de tierras fiscales a pueblos indígenas, originarios y campesinos.

“Estos procesos excluyen a las áreas protegidas y a las concesiones forestales”, aclaró el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, quien acompañó al Mandatario interino.

La dotación de tierras ya fue tratada durante la gestión de Jorge Quiroga, en agosto de 2001, cuando el Ejecutivo se comprometió a entregar 3,8 millones de hectáreas de tierras en favor de familias indígenas, así los campesinos levantaron un bloqueo.

Las propuestas tienen un enfoque de género porque en la dotación de tierras tendrán tratamiento preferente las mujeres indígenas, jefas de familia.

Con relación a los asentamientos humanos, el Gobierno establece salvaguardas como el respeto al uso mayor, o lo que se conoce como la vocación, de la tierra y el compromiso del Estado, a través de prefecturas y municipios, de respaldar la organización, la institucionalidad, el financiamiento y técnicamente a este proceso.

Después de explicar los alcances del proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria, García Linera dijo que “todos los bolivianos tenemos derecho a producir y a mantener a nuestras familias, y el Estado entregará tierras para que esas comunidades de campesinos produzcan´.

El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales, (CEJIS), Carlos Romero, dijo que el anuncio “es un intento de reconducir el actual proceso de saneamiento, porque una reforma agraria implica otros componentes”. En todo caso, agregó, con estas medidas se da seguridad jurídica a quienes trabajan su tierra.

Por su parte, Miguel Urioste, especialista en temas agrarios, sostuvo que el anuncio gubernamental es muy importante y que marca una nueva etapa en la relación entre Estado y agro.

El Ejecutivo tiene un proyecto de ley y seis decretos

Proyecto de ley de reforma de la Ley 1715 • Que permita la reversión de tierras que no cumplan la función económica social. Agilizar el proceso de saneamiento y que los trámites contenciosos sean atendidos por el Tribunal Agrario.

Redistribución • Destinará a favor de los pueblos y las comunidades indígenas y originarias sin tierra o que las posean insuficientemente todas las áreas fiscales disponibles. Se calcula que son entre 2 millones y 4,5 millones de hectáreas. Se expropiarán las tierras que no sean usadas en forma sostenible.

Agilizar el saneamiento • Reglamentará los procesos de saneamiento y se incluirá a las organizaciones sociales y de productores en el proceso. Además permitirá la titulación para las mujeres que sean jefas de familia. Asimismo, en caso de uniones de hecho los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges.

Valor concesional • El tercer decreto adecuará criterios para la fijación del valor concesional de adjudicación simple. La extensión máxima será de 65 hectáreas siempre y cuando no se exceda de 50 hectáreas de cultivos.

Control social • El cuarto decreto propone un proyecto para facilitar el acceso a la tierra en las localidades cruceñas de Pailón, Mineros y Charagua ´por medio de convenios de apoyo y ejecución con los gobiernos municipales respectivos´.

Abrogación • El quinto y el sexto decreto son para abrogar dos normas aprobadas el 17 de mayo de 2005 a través de las cuales se establecía la desconcentración técnica del INRA. El Gobierno no quiere que el instituto dependa de las prefecturas y tampoco acepta la creación de propiedad forestal.