• Al oriente del país • La plaza de Riberalta lucía así ayer en el encuentro de líderes de tres departamentos.

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El encuentro, que congregó a cerca de 10 mil personas en la plaza 3 de Febrero de Riberalta, al norte de Beni, fue abierto por Iver Maguallo y Guillermo Villa, de los fabriles de la castaña; y luego se pronunciaron el alcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui; Ramiro Morón, de la Central Obrera Regional; José Céspedes, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); y los cívicos Alberto Melgar, del Beni, y Ana Melenas de Suzuki, de Pando, informó el enviado del diario cruceño El Nuevo Día.

El discurso más encendido fue el del alcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui, quien para asegurar que los benianos están dispuestos a ofrendar sus vidas para evitar el avasallamiento de sus tierras por parte del gobierno del MAS, se refirió al himno departamental. “Habla de morir por luchar contra la bestia, pero nosotros decimos que hay que matar a la bestia”, dijo.

El presidente en ejercicio del Comité Cívico de Santa Cruz, Herman Castedo, dijo a La Razón que la unidad determinada por los líderes de esa región es para evitar el avasallamiento y para defender sus recursos.

“Si hay reversión de tierras, que sea para nuestros campesinos originarios. Lo que pedimos es que se aplique la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que se la cumpla y se la aplique de manera igualitaria y que se respete a los productores”, explicó el dirigente cívico.

En las horas previas al encuentro de Riberalta, la bancada cruceña de Podemos denunció que campesinos con banderas del MAS tomaron campos en Guarayos. Desde Santa Cruz se confirmó que los predios amenazados pertenecen a los empresarios Luis del Río, Branko Marinkovic y Héctor Justiniano.

Esa denuncia provocó la reacción del jefe de bancada del MAS, el diputado por Potosí César Navarro, quien aseguró que el Gobierno no instruyó la toma de tierras.

Según un despacho de ABI, el parlamentario dijo que un “frente de defensa del latifundio” en el país, integrado por parlamentarios de la derecha del oriente boliviano, empresarios y por dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, intentan “confundir” a la opinión pública.

El presidente Evo Morales también se refirió al latifundio y aseguró que se aplicará el artículo 166 de la Constitución para eliminar las tierras ociosas.

Sin embargo, un informe de El Nuevo Día, basado en un trabajo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), señala que sólo el uno por ciento de las propiedades saneadas en Santa Cruz son improductivas.

Pese a la tensión, el diálogo convocado por el Gobierno para el 24 de mayo está en marcha, algunos sectores hacen consultas.

Glosario

Cabildo • Reunión pública y masiva en la que las organizaciones se pronuncian y deciden.

Latifundistas • Persona que posee una o más extensiones considerables de tierras.

El Defensor pide por el Chaco

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, llamó ayer al Gobierno a atender con prontitud la problemática de las familias guaraníes del Chaco, que están sometidas a condiciones de servidumbre y cautiverio.

La solicitud fue realizada porque la respuesta del anterior Ejecutivo a esta temática fue parcial e insuficiente, pese a que una resolución defensorial emitida el año pasado dio a conocer a las autoridades de los tres poderes del Estado sobre la situación de sometimiento en que viven miles de personas.

Albarracín precisó que es necesario aplicar, en favor de los guaraníes, el artículo 5 de la Constitución que prohíbe cualquier tipo de servidumbre o esclavitud.

De acuerdo a un diagnóstico de la Defensoría, hay un vacío estatal que provoca desamparo frente a estos abusos.
El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, admitió que en el Chaco al menos mil familias viven en esas condiciones.

El diálogo se vuelve demanda

Prefecto de Santa Cruz
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, advirtió que la intención del Gobierno de centralizar la distribución de tierras es un peligro porque además de desconocer la ley, se retoman viejas prácticas que, incluso, fueron criticadas por la administración actual. La autoridad se refirió a la propuesta de un solo tribunal agrario y cuestionó “cuál era la intención de volver al centralismo”. él mismo respondió que hay la intención de “hacer los negociados, de volver al manipuleo político, a las influencias del poder y enviar gente inducida con propósitos que no sabemos hacia dónde conducen”. Para evitar eso, la autoridad departamental pidió diálogo.

Cainco
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, pidió cordura a los parlamentarios y gobernantes del MAS que no se especule con las denuncias que ayudan a conseguir la unidad del país. “Creemos que las instituciones, en este momento, están por el cambio y queremos que ese cambio lo asuman los congresistas. No se debe hablar ligeramente de latifundio porque son 115 millones de dólares que se han aportado desde la tierra para todos los bolivianos. Apliquemos la ley, pero no podemos seguir avasallando con calificativos. El latifundio no es la tenencia de la tierra, sino el uso que se le da. Lo que se debe buscar es el diálogo franco”, dijo.

Defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, se pronunció en sentido de llevar adelante la política de tierras en base al consenso y exhortó a los sectores agropecuarios y empresarios a evitar pronunciamientos anticipados. Recordó que en el marco de la Constitución Política del Estado, las tierras deben tener una función económica y social, y advirtió que esto en muchos casos no se cumple. Resaltó la iniciativa del Ejecutivo de convocar a un diálogo con todos los sectores sociales involucrados. “Así se sientan las bases para emitir y aprobar normas legitimadas por el consenso que evitarán impugnaciones, rechazos y conflictos sociales”, sostuvo.