Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

La Razón intentó comunicarse con el ex director de Régimen Penitenciario, Tomás Molina (2003-2005), pero en su casa de Cochabamba informaron que no se encontraba en la ciudad.

Por esos hechos, Muñoz informó que su despacho ordenó la apertura de una auditoría interna y externa en la Dirección General de Régimen Penitenciario, en anteriores gestiones “para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas en la refacción” de las cárceles en Potosí, Pando, Beni y Santa Cruz.

De acuerdo con ambas autoridades, después de una “inspección ocular”, se evidenció que en algunos recintos donde se realizaron construcciones existen daños severos en su infraestructura, ya que en algunos casos éstas “se están cayendo en pedazos”, explicó.

Es por ello que, según Ramiro Llanos, su dirección llevó a solicitar esa auditoría en coordinación con la Contraloría General.

La autoridad explicó que varias constructoras realizaron estos trabajos de refacción, pero que el Estado sólo honrará sus deudas con aquellas que hayan cumplido con las especificaciones de cada uno de los contratos, o de lo contrario éstas deberán hacer las remodelaciones de forma adecuada.

“El presupuesto de Régimen Penitenciario para este año es de Bs 8,5 millones y las deudas por esas construcciones, muchas de ellas mal hechas, ascienden a Bs 6,5 millones; por lo que esa Dirección se quedaría prácticamente sin recursos”, explicó.

Como ejemplo, puso el caso de la cárcel de Cantumarca, en Potosí, donde se realizaron reformas que “ya se están deteriorando, por lo que se está deshaciendo en pedacitos”.