La guerra de la tierra
René Cardozo S.J.*

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Hace seis años, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal de Bolivia, emitió una Carta Pastoral titulada: “Tierra, Madre fecunda para todos”. En dicha publicación se reiteraba, una y otra vez, que “la tierra en que vivimos, este suelo que pisamos y trabajamos y esta arcilla con la que moldeamos nuestro futuro es un don de Dios, es un bien universal que tiene que beneficiar a todos”. Al mismo tiempo, junto a esta visión esperanzadora estaba la dramática constatación de que “en nuestra querida Bolivia la mala distribución y el uso inadecuado de la tierra continúan siendo una de las principales causas que genera hambre y miseria en sectores amplios de la población”.

De esta forma, el documento hacía un llamado a una serie de acciones tendientes a resolver este grave problema “por razones de justicia a favor de los más necesitados”. Una de las principales propuestas era la de reenfocar la Reforma Agraria con audacia, equidad y eficiencia. Todo ello en la línea de la enseñanza social de la Iglesia Católica para la que “la Reforma Agraria está destinada a desempeñar un papel de capital importancia para la eliminación del hambre y de la pobreza rural en el mundo´ (Pablo VI). O bien, porque ´dentro de cada país tiene que preverse una Reforma Agraria que implique una reorganización de la propiedad de la tierra y la asignación de suelo productivo a los labradores de forma estable y con disfrute directo´ (Juan Pablo II).

Es por ello que se hace necesario corregir las graves distorsiones del pasado, para que, a juicio de la Iglesia, “el nuevo milenio no sea una prolongación de las injusticias del presente”. Para ello es necesario, dentro del marco de respeto al orden legal, corregir y ajustar la distribución de tierras en el más amplio respeto democrático a los derechos de todas las personas. Y como la propia experiencia lo ha demostrado, “tal reforma no debe consisir solamente en expropiar los grandes latifundios, dividir la tierra en parcelas compatibles con la capacidad laboral de cada familia y repartir las tierras a los beneficiarios de los títulos de propiedad. Es mucho más que eso”.

En efecto, cualquier Reforma Agraria “debe entenderse como un instrumento de desarrollo económico y social que permita la democratización en el acceso a la tierra y a otros recursos naturales. Debe contribuir a mejorar y profundizar los procesos de concertación social y de democratización en la toma de decisiones sobre el destino y manejo de los recursos, y sobre los medios productivos y servicios que hacen falta para hacer más eficiente el uso de los mismos”. Todo ello, en el marco de un desarrollo rural, sostenible.

*René Cardozo
es sacerdote jusuita.