• El pasado 25 de mayo los masistas se movilizaron en Sucre, sede del Poder Judicial, para expresar su respaldo y esperanza en la Asamblea Constituyente, que se instalará en esa ciudad a partir del 6 de agosto.

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Lograr un mayor nivel de legitimidad —y en consecuencia credibilidad— de las autoridades del Poder Judicial es uno de los principales desafíos que se han planteado los principales frentes que participarán en la elección de constituyentes programada para el 2 de julio.

Sin embargo, aunque existe consenso sobre la necesidad de hacer cambios para fortalecer este poder del Estado, los mecanismos propuestos para lograr ese objetivo varían, como los argumentos que los frentes esgrimen en su defensa.

El subjefe nacional del MAS, Zacarías Flores, explicó que el eje de la propuesta de su partido es la elección directa de los magistrados. “Nosotros planteamos la elección directa, en manos del pueblo, de todos los miembros de Poder Judicial. Ya no se decidirá en el Parlamento”, señaló.

No obstante, el sábado el presidente Evo Morales planteó que no sea la población sino los constituyentes quienes tengan la potestad de revocar el mandato de los magistrados, si éstos no aceleran los juicios de responsabilidad contra ex mandatarios. “Antes de ser condenados, repudiados por el pueblo boliviano, tienen que ir al redesquite”, sentenció.

La propuesta de ADN —según explicó el jefe de este partido, Mauro Bertero— también busca la “despolitización y legitimidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional”, a partir de su elección por voto directo. “Esta reforma que estamos planteando, la de la elección directa, es para que un funcionario (del Poder Judicial) deba su trabajo al servicio del ciudadano elector y no de un partido político”, dijo.

Aunque Podemos no cree que el voto directo solucione el problema de legitimidad, sí plantea una mayor participación de la sociedad en las designaciones .

Carlos Alberto Goitia, primer candidato plurinominal por La Paz , explicó que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (que en su propuesta reemplaza a la Corte Suprema) serían elegidos por un Consejo de la Magistratura, cuyos miembros,a su vez, serían designados por diputados, senadores, el Presidente de la República, los empresarios privados y la Central Obrera Boliviana.

En criterio del candidato del MNR en La Paz, Óscar Sandóval, la elección por voto directo de los magistrados tendría un efecto contrario al esperado por el MAS y ADN. “Consideramos que en el momento en que los jueces resulten elegidos por voto ciudadano, estaríamos politizando y partidizando definitivamente la administración de justicia”.

Según dijo, el convocar a un proceso electoral para que la población elija a sus representantes del Poder Judicial implica un gasto para los candidatos, que sería patrocinado por los partidos políticos. “Esto implicaría que hagan gastos y hacerlos significaría comprometer, de alguna manera, su independencia profesional hacia sus mentores o promotores (los partidos)”.

En este sentido, dijo que las designaciones deben continuar a cargo del Congreso, aunque con la diferencia de que se implemente la figura del concurso de méritos para elegir a los mejores.

UN tampoco cree que el hecho de que la población hd-esigne a los magistrados resuelva el problema de legitimidad,“sino todo lo contrario”, según el diputado Peter Maldonado. “No planteamos una elección directa, porque creemos que tenemos que tener buenos juristas y no buenos políticos”.

Jaime Navarro, miembro del comité ejecutivo del UN, explicó que su propuesta contempla el concurso de méritos.

Las propuestas de los partidos

El objetivo de la propuesta del MAS respecto al Poder Judicial es garantizar una entidad imparcial y con independencia interna y externa. Para ello, plantea que la población elija a los magistrados “por voto universal y directo en elecciones populares y democráticas, a partir de candidaturas ciudadanas o de la comunidad sin patrocinio ni injerencias partidarias”.
Otro pilar de la propuesta masista define la incorporación de las formas de justicia de los pueblos indígenas en las estructuras jurídicas nacionales.

Podemos plantea sustituir la Corte Suprema por un organismo con más atribuciones, el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros (18) serían elegidos por dos tercios de voto de los siete componentes del Consejo de la Magistratura, quienes a su vez serían electos por instituciones representativas de la sociedad civil. Asimismo, proponen incluir al Tribunal Nacional Electoral, que reemplazaría a la Corte Nacional Electoral, dentro del Poder Judicial, por ser un órgano de administración de justicia en el ámbito electoral.

El proyecto de UN plantea un mayor nivel de independencia del Poder Judicial, evitando toda posibilidad de injerencia de los partidos políticos en sus decisiones. Propone que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúe a cargo del Congreso.
Para garantizar que la elección no responda a intereses político-partidarios, plantea el concurso de méritos como mecanismo base de elección de las mejores personas para ocupar estos cargos y así garantizar su legitimidad y compromiso con la sociedad.

La propuesta del MNR no contempla sugerencias para el Poder Judicial. No obstante, aunque no se cierran al debate, los movimientistas no concuerdan con el planteamiento de elegir magistrados por voto directo, porque consideran que esto sí dará paso a la politización total de los cargos, que deberán sujetarse a padrinazgos políticos en caso de que se implemente esta figura. En este sentido, respaldan que el Congreso continúe con la tarea de nombrar a las autoridades, pero basándose en un concurso de méritos.

ADN plantea que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional esté a cargo de la población, a través del voto directo. Asimismo, propone que el mandato de estas autoridades sea de carácter vitalicio, hasta los 75 años.
En cuanto a la justicia comunitaria, plantea su inclusión en el capítulo del Poder Judicial y no en el Régimen Agrario Campesino, como ocurre en la actualidad. En este mismo terreno, propone que los ciudadanos tengan la capacidad de elegir a qué instancia sujetarse.

La voz de los sectores

Por cambiar el método
Javier Guachalla
Pdte. del Colegio de Abogados de La Paz

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Javier Guachalla, señaló que lo más conveniente para acabar con la politización en el Poder Judicial es que el Congreso Nacional deje de nombrar a las autoridades jerárquicas, como ocurre con el sistema en actual vigencia.
“Personalmente creo que cualquier otro sistema o método de elección distinta a la actual sería mejor, porque ahora la elección está en manos del Parlamento, que está constituido totalmente por políticos”, señaló Guachalla.
Para el Presidente de ese ente colegiado, una de las formas más adecuadas para la elección de los miembros del Poder Judicial como ministros de la Corte Suprema, magistrados del Tribunal Constitucional o consejeros de la Judicatura sería a través de un cuerpo colegiado conformado por colegios de profesionales, representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las universidades y de organizaciones civiles, como sucede en otros países.

No a la elección directa
Gabriel Chambi
Pdte. de la Asociación de Magistrados

El presiente de la Asociación de Magistrados de Oruro, Gabriel Marco Chambi Mejía, considera que plantear la elección directa de las autoridades del Poder Judicial transgrede varias normas y conquistas logradas en mucho tiempo.
“La administración de justicia debe responder a un criterio de transparencia y de imparcialidad, considero que aventar una forma de elección directa significa prácticamente violar estos principios y estas conquistas logradas después de mucho tiempo”, reflexionó. En todo caso, dijo que como los constituyentes tienen por objeto rehacer el texto constitucional en todos sus aspectos, el cambio del mecanismo “es responsabilidad de los constituyentes”.

Sin embargo, recordó que para el resguardo de los derechos reconocidos a los funcionarios judiciales por la Carta Magna y por los estatutos de la Asociación de Magistrados de Bolivia, se establece que el Poder Judicial tiene mecanismos de elección “y no es conveniente cambiarlos”.

Qué dice la constitución

Poder judicial

Título III

Artículo 116-I.- “El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y juzgados que establece la Ley. La Ley determina la organización y atribuciones de los tribunales y juzgados de la República. El Consejo de la Judicatura forma parte del Poder Judicial”.

Artículo 116-IV.- “El control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional”.

Artículo 117-I .- “I. La Corte Suprema es el máximo Tribunal de Justicia ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa de la República. Tiene su sede en la ciudad de Sucre”.

Artículo 117-IV.- ´ Los ministros son elegidos por el Congreso Nacional por dos tercios de votos del total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura”.

Estado actual

El marco legal

El título tercero de la Constitución Política del Estado define los términos de conformación del Poder Judicial y sus atribuciones. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio Público aparecen como sus componentes centrales, aunque también se menciona al Defensor del Pueblo. Todos los componentes de estos organismos judiciales son elegidos por dos tercios de voto en el Congreso Nacional. La Suprema es “el máximo tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contencioso-administrativa”.

La actualidad

En los últimos años el sistema judicial ha sido objeto permanente de críticas debido a que el poder político mantiene el control de la designación de sus autoridades. Además, la dificultad de lograr los dos tercios de votos necesarios en el Congreso para estas designaciones ha generado largos interinatos, con la consecuente sensación de inestabilidad. A ello se sumaron los cuestionamientos al Tribunal Constitucional, debido a que su atribución de interpretar la Carta Magna pareció chocar en ciertos momentos con el poder depositado en la Suprema.

Los escenarios

La tendencia entre los partidos que postulan candidatos a la Asamblea Constituyente es hacer reformas de fondo para alejar lo más posible a este poder de los intereses sectarios y la influencia política. Una fórmula propuesta es la de la elección por voto directo de estas autoridades, aunque algunos protagonistas advierten que este método terminaría politizando completamente a las autoridades judiciales y subvaluando la capacidad y experiencia de los postulantes a ocupar cargos en este poder del Estado.

“Institucionalización transparente”
Andrés Tórrez
Ejecutivo del Grupo Consultivo Andino

Andrés Tórrez es economista, con un doctorado en Ciencias Políticas y una maestría en Derecho Constitucional. Fue representante del Estudio de Madrid en Bolivia y docente de maestrías en estrategia política y estrategia en instituciones públicas en la Universidad Católica Boliviana de La Paz.

Durante la Asamblea Constituyente los principales temas del debate tendrán que ver con: la forma de elección legítima de autoridades judiciales de manera de garantizar su independencia. La necesidad de designar a los jueces mediante un proceso de institucionalización transparente debe ser parte de un análisis profundo sobre los impactos en el futuro de la legitimidad del Poder Judicial.

Otro tema del debate será ljusticia comunitaria y la necesidad de que se la compatibilice con la justicia ordinaria, construyendo un puente entre ambas culturas de legalidad existentes en el país. Mecanismos novedosos y particulares adecuados a la idiosincrasia nacional que incentiven la transparencia en la carrera judicial, tendientes a lograr un desempeño eficaz, eficiente, responsable, ético, moral y a la tolerancia con valores universalmente aceptados por nuestros pueblos. Estos aspectos deberán contemplar y rescatar la cultura institucional boliviana construida hasta el presente, para reformarla y potenciar sus aciertos y fortalecer sus debilidades. Elaborar mecanismos de compatibilidad del derecho consuetudinario indígena con el derecho ordinario positivo para construir un aparato institucional mixto que respete la cultura y los valores ancestrales para lanzarlos al futuro con legitimidad institucional y respaldo jurídico. Así se diseñará un edificio de reglas y normas que responda a la realidad boliviana en su con- junto. Construir plataformas de diálogo con la sociedad civil para escuchar las razones de la falta de acceso a la justicia y una lluvia de ideas sobre las alternativas para construir un sistema institucional que, a pesar de las limitaciones institucionales y económicas existentes, pueda llegar a todos los rincones del territorio nacional, garantizando, por lo menos, el derecho a la justicia.