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Los extranjeros están acusados en su país, de participar en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas.

Muñoz reconoció que existe una “disputa subjetiva” entre ambos poderes del Estado. “Se puede decir que sí, mientras unos asumen tener más competencias que otras instancias; en este caso del ámbito Ejecutivo”.

Además, complementó: “Lo que sí yo debo sostener como Ministra de Gobierno es que el Conare todavía se va a reunir y va a considerar, aún, la extensión de la solicitud del asilo político a favor de estos ciudadanos, al margen de que existan otras competencias que tengan que ver con la extradición o algún acuerdo que tenga el país en ese nivel”, advirtió la ministra.

Sin embargo, el fiscal antisecuestros del Paraguay, Rogelio Ortuzar, informó a la agencia ANF que Acosta y Franco Aquino están acusados de haber integrado el grupo que capturó el 21 de septiembre de 2004 a Cecilia Cubas, de 31 años, y la mantuvo secuestrada hasta el 16 de febrero de 2005, cuando el cuerpo de la joven fue hallado enterrado en las afueras de la capital paraguaya.

El Tratado de Derecho Penal Internacional y los decretos supremos 24423 y 25150 establecen que a sola orden de detención emitida por la Fiscalía Paraguaya e Interpol, el Gobierno boliviano y la Policía debían proceder a arrestar a los sindicados por delitos penales, por lo que debería, también, negárseles cualquier pedido de asilo político en el país.