Hablar de elecciones en Bolivia es como preguntar a la cocinera algo tan habitual como, “¿Petronila, qué tenemos hoy para almorzar?”. Nuestro dedo meñique se ve morado de tanto sumergirlo en el tintero electoral. Digamos que una sociedad no es más democrática por el mayor número de elecciones que lleve a cabo en el menor tiempo posible. Cinco en cinco años. Esta electoralitis demuestra inmadurez política, ya que la sociedad no supo estructurarse de manera que funcionara razonablemente bien por muchos años, hasta que, el cambio real de circunstancias obligasen a llamar de nuevo a las urnas —entonces sí— para que el pueblo soberano decidiera si tenía que actualizar el texto soberano, o si había que renovarlo del todo.
Es cierto que la ciudadanía boliviana, después de muchos vaivenes, y una tortuosa historia de asonadas y golpes de Estado, en los últimos años había dado señales de consolidación democrática. No obstante, los luctuosos sucesos de febrero y octubre del 2003 fueron una vertiginosa recaída provocada por la incapacidad de los últimos manipuladores de la política y, correlativamente, por el impetuoso afán de poder y la agitación violenta promovida por el nuevo pretendiente y sus correligionarios. La responsabilidad de los muertitos no es pues unilateral, como se nos quiere hacer creer, sino que se distribuye en partes proporcionales. Ya en los años anteriores venía produciéndose un sensible cansancio y desconfianza ciudadana sobre la llamada clase política. La que mandaba y la que se desesperaba por mandar. Y por no querer acatar la Ley de Leyes vigente, se prefirió atizar los perversos instintos de la fiera incontenible que provocó los desórdenes cruentos de los años citados más arriba.
Es pues comprensible que el señuelo de “refundar Bolivia” hizo picar en el anzuelo a mucha gente, esperando que los referendos —el de los hidrocarburos y ahora el de las autonomías— y también la Constituyente, traerían la solución a la incertidumbre. Por fin llegó el momento del discernimiento de cada ciudadano sobre lo que cree que el país requiere.
En la campaña electoral se ha derramado mucho veneno. Bajo la máscara de justicia contra los delitos impunes, se han prodigado groseras mentiras, denuncias sin pruebas e incluso manifiestamente falsas, se han intercambiando graves insultos, todo con el propósito de descalificar al contrincante. Se ha mentido al pueblo con un infame descaro, se han difundido consignas odiadoras, y promesas que jamás se cumplirán, se han profundizado los resentimientos ancestrales, enconadas rivalidades y ansias de venganza. La televisión estatal ha negado a la oposición el acceso a la propaganda electoral. El propio Presidente se ha puesto de predicador del MAS, y lo que nunca había ocurrido: la injerencia partidista extranjera ha sido descarada. Total, hemos vivido semanas de una repugnante patología destructiva.
A pesar de estos lamentables antecedentes, hoy el país nos llama otra vez a manifestarnos en las urnas. Dos caminos se cruzan en las consultas: la elección de los asambleístas de la Constituyente (la mayoría desconocidos), y el “sí” o el “no” para las autonomías regionales. Votar es más cívico que abstenerse.
*José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.
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