Las tareas de la Constituyente
Horst Grebe López*

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Con la elección de 255 asambleístas que reflejan razonablemente la sociología boliviana y una respuesta verosímil a una pregunta oscura en el referéndum, el país ha confirmado su absoluto respaldo al cambio dentro de los cauces institucionales. La ciudadanía ha puesto de manifiesto asimismo su rechazo a cualquier tipo de concentración del poder sin por ello ocasionar la fragmentación política excesiva de la Asamblea Constituyente.

Con la misma madurez y responsabilidad que demostraron sus electores, ahora toca a los asambleístas cumplir a cabalidad con las tareas que se les han encomendado. Se trata, en primer lugar, de representar y presentar las diversas perspectivas e intereses de los diferentes grupos sociales, con miras a concertarlos a lo largo de un proceso de deliberaciones que culmine con un nuevo pacto de convivencia y prosperidad creciente entre los bolivianos. Lo más importante consistirá, por tanto, en la erradicación de todo tipo de exclusión social derivada de condiciones étnicas, de género, religiosas o culturales, junto con la eliminación de los privilegios de diverso orden detentados por las clases dominantes en el pasado, garantizando al mismo tiempo la ciudadanía plena a todos los bolivianos.

Junto con la introducción de las autonomías que es sin duda una reforma profunda, las nuevas reglas tendrían que establecer también un conjunto de normas e incentivos que estimulen el aprendizaje institucional y la incorporación de la democracia en todos los órdenes de la vida colectiva.

Con miras a evitar la adopción de disposiciones que reflejen los intereses de una correlación circunstancial de fuerzas políticas, en el país se ha establecido que algunas decisiones requieran contar con una mayoría calificada de dos tercios. Esta es una regla saludable para la solidez de las instituciones y en mayor medida aún para nuestra futura Carta Fundamental.

Lo que es necesario garantizar, en segundo lugar, es que cada uno de los asambleístas pueda expresar sus criterios, opiniones y propuestas en el marco de una auténtica deliberación democrática que no busque imponer decisiones sino convencer con argumentos y reflexiones. Con miras a promover el consenso, el reglamento de debates que adopten los asambleístas como una de sus primeras tareas, podría en consecuencia clasificar los temas constitucionales en dos categorías: aquellos para los cuales se requiere unanimidad y los demás, que se adoptan por la consabida mayoría de dos tercios.

Una disposición de esta naturaleza obligaría a realizar esfuerzos encaminados a obtener fórmulas equilibradas y de consenso creciente entre todos los asambleístas, evitando en ciertos temas especiales el procedimiento del voto, que siempre deja la sensación de que una parte se impuso sobre el resto.

Por consiguiente, el primer trabajo de concertación de la Constituyente podría consistir en la selección de los temas que requieren unanimidad, y entre ellos

considero que deben estar comprendidos necesariamente el preámbulo constitucional que es donde se expresan los valores superiores de la sociedad; los primeros artículos de la Constitución que establecen los atributos fundamentales del Estado y la ciudadanía, y quizás unos pocos más referidos a cuestiones críticas como la adopción del régimen de autonomías.

*Horst Grebe L.
es economista.