• LA PROPUESTA DEL GOBIERNO • Arce, Quintana y Soliz, junto al presidente de YPFB, ayer. Las autoridades cuestionaron la ejecución presupuestaria de las prefecturas y las alcaldías.

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“Eso lo vamos a distribuir a las regiones tal cual establece la ley”, respondió Alvarado anoche a una pregunta de La Razón, respecto a sus afirmaciones durante una conferencia de prensa que ofreció junto a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Hacienda, Luis Arce; y de Hidrocarburos, Andrés Soliz.

En efecto, durante su intervención, Alvarado dijo que la cláusula sexta del convenio suscrito con Argentina “incluye el incremento y el precio de venta, no está diciendo solamente el incremento. Dice todo el precio de venta del gas”. Esa cláusula, que según los departamentos productores de hidrocarburos confisca sus ingresos producto del gas, dice: “La diferencia entre el precio fijado en este Convenio y el precio de las actuales exportaciones de Bolivia a la Argentina se considerará, a todos sus efectos, como un pago a YPFB”.

Cuando se le consultó a Alvarado si las regiones ahora recibirían sus impuestos y regalías departamentales a través de YPFB, respondió: “Claro, porque nosotros somos los dueños; en cambio, antes pasaba a través de las empresas transnacionales”.

Posteriormente, el ministro Arce informó que las prefecturas y las alcaldías del país tienen Bs 2.700 millones y Bs 1.855 millones, respectivamente, sin utilizar. Esas sumas equivalen a un total aproximado a los 566 millones de dólares, remarcó al sumarse a la convocatoria de un debate para saber si se están distribuyendo “racionalmente” los recursos del gas.

El presidente Evo Morales negó que tenga la intención de afectar las regalías o los impuestos a los hidrocarburos. Atribuyó esas versiones a un exceso de susceptibilidades de algunas autoridades regionales, aunque reconoció que se debe iniciar un debate para ´garantizar nuestra parte para industrializar´ el gas.

El Gobierno ´jamás ha pensado en quitar regalías´ o afectar recursos de coparticipación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), insistió.

Por su parte, los presidentes del Senado, Santos Ramírez, y de Diputados, Edmundo Novillo, consideraron que detrás de las amenazas de los departamentos hay una ´intencionalidad política´ de la oposición, que articula su estrategia a través de prefecturas y comités cívicos.

El ministro Quintana también fue enfático al indicar que “las regalías se respetan de acuerdo a lo establecido en la ley. No hay ninguna modificación respecto a los ingresos que tienen los departamentos por regalías”. Y también, a nombre del Gobierno, convocó a “un gran debate” sobre el proceso de industrialización, a la que señaló como “el segundo capítulo de la nacionalización”.

En ese sentido, de acuerdo con los planes del Gobierno, YPFB aparece como el eje de una estructura básica para desarrollar la industria del gas en el país.

El Ejecutivo defiende su posición de convocar a un debate para establecer la forma de distribución de las regalías y de los impuestos del gas, señalando una realidad histórica: la deficiente ejecución presupuestaria de las prefecturas. Desde los departamentos productores, autoridades y cívicos le respondieron que no hay nada que discutir y que debe respetar la Ley de Hidrocarburos. La Razón y ABI