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Y en evidencia, como admitiera un miembro del Poder Ejecutivo, al parecer el Coned equivocó el rumbo. En un escenario donde se debía discutir las bases y los postulados de la educación boliviana, se deliberó más en un sentido impositivo que con carácter democrático. El resultado parece evidenciar aquello y está generando incluso en el Gobierno preocupación, porque no se trataría de una conclusión del todo beneficiosa para la administración del presidente Evo Morales.

Es, en ese sentido, que sería iluso descartar la resistencia a un proyecto donde hubo ausencia de preacuerdos.

En ese contexto, han caído ingenuas las declaraciones que hiciera a este diario el ministro de Educación, Félix Patzi, al calificar a los sectores disidentes —es decir, a la Iglesia Católica, al magisterio urbano y a las universidades— de minorías frente a la mayoría que se impuso. Es probable, que en el seno del Coned las representaciones de estas instituciones y organizaciones hayan sido las menos, pero en el escenario del Estado subestimar su capacidad de convocatoria no parece ser lo más correcto y oportuno. Más cuando el propio titular de Educación explica los cambios y a la vez advierte los riesgos.

La admisión de que el poder de la Iglesia Católica ha sido disminuido al declarar a la educación laica y modificar los contenidos de la materia de Religión, ampliando a todas las creencias en el país, incluida la cosmovisión andina, y que aquello representa que no sólo los evangélicos sino también los católicos deberán “conquistar la fe”, antes que imponerla en el Estado boliviano, es un asunto muy serio. Y de tratarse de esa lógica de pensamiento, eso significa que la cosmovisión andina tampoco debiera ser una imposición curricular. Lo cierto es que en el tema de la materia de Religión es de temerse que el debate no concluye con la resolución del Coned.

Por otro lado, está el reconocimiento que frente a la ausencia de las universidades, el Coned determinó la creación de universidades indígenas y que esta decisión obligará al Estado a fragmentar los recursos de las actuales casas superiores de estudio; es admitir, igualmente, las implicaciones que representa el nuevo proyecto de ley de la educación boliviana.

Para el magisterio urbano el anteproyecto es una reproducción de la actual y resistida Reforma Educativa de 1994.

Este conjunto de las principales observaciones que los sectores disidentes hacen al proyecto y que el Gobierno admite, permite mirar con inquietud que, de no hallarse un punto de encuentro en un nuevo escenario de discusión, la escalada de resistencia podría ser fuerte, al margen del distanciamiento que podría confrontar la administración Morales con instituciones como la Iglesia Católica.

Si de lo que se trata es de que un pueblo engrane en una sola concepción, esto no se logra con división ni con provocación. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de enmendar.