Las mafias políticas de las últimas décadas tejieron redes de corrupción en la generalidad de las entidades del Estado y colocaron algunos funcionarios obsecuentes en las de control gubernamental para cubrir sus actos ilegales y gozar de total impunidad.
De ello ha resultado que varias auditorías realizadas por las entidades de control gubernamental que debían poner al descubierto los actos de corrupción, en lugar de investigar y analizar en profundidad los aspectos fundamentales que hubiesen sacado a la superficie las ilegalidades cometidas, terminaron distorsionando los hechos y formulando conclusiones que pusieran a salvo a los verdaderos corruptos y estableciendo indicios de supuesta responsabilidad sobre funcionarios sacrificables o sobre terceras personas a quienes el poder político quería eliminar o castigar por su osadía de haber denunciado su enriquecimiento ilícito.
¿Hubo manipulación política?, ¿hubo deficiencia jurídica?, ¿o por qué hubo las omisiones que distorsionaron los resultados? Eso es algo que el tiempo y lo que se haga a futuro podrá establecer, pero, lo que esas auditorías han generado es la falta de credibilidad en los trabajos de las entidades de control gubernamental.
Por ello, se entiende que las autoridades del sector hidrocarburífero hayan convocado y estén adjudicando licitaciones para realizar nuevas auditorías en las empresas capitalizadas del sector.
Por lo mismo, se explica que el senador Gastón Cornejo haya propuesto intervenir la CNS y organizar un equipo de auditores, abogados y técnicos que investigue una serie de hechos de corrupción y evalúe los dictámenes del Inases, porque las conclusiones de esos dictámenes en algunos casos están sesgadas y parecen dirigidas a exculpar a directores y ejecutivos responsabilizando indebidamente a terceros.
Ojalá que las nuevas auditorías que se están licitando y contratando con empresas independientes esclarezcan ciertos hechos de corrupción que parecen haber sido deliberadamente encubiertos.
Es necesario que las auditorías reflejen lo que efectivamente sucedió en cada caso y que no sean medios de protección y encubrimiento. Deben ser extirpadas de esas investigaciones, las verdades a medias, los vacíos deliberados, las digitaciones políticas, el cobarde revanchismo, la distorsión de los hechos y las recomendaciones y conclusiones sin base. No son correctas las auditorías realizadas con carga malintencionada. El país requiere una nueva praxis funcionaria y necesita que se escriban en blanco y negro los hechos producidos en entidades públicas y empresas en que participa el Estado.
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