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Con anterioridad, no hubo obstáculo en el contacto del presidente Evo Morales y los prefectos, pero la situación cambió debido a que hubo prefectos que se declararon partidarios del SÍ en el Referéndum Autonómico del 2 de julio. Por lo que ha venido sucediendo desde entonces, aquello disgustó al Gobierno y, como consecuencia, se han propuesto mediatizar la labor de los prefectos, con la creación de esta nueva figura.

De manera unánime, aquellas autoridades que no son cercanas al partido de gobierno, han rechazado la decisión oficial, según declaraciones formuladas a La Razón. Sostienen que no es necesario crear tal “enlace”, porque la relación debe ser directa con el Presidente. La medida la atribuyen a que el Gobierno estaría buscando mecanismos para desestabilizar a los prefectos, de que pretendería contar con prefectos paralelos y de que, en el fondo, se intentaría afectar la institucionalidad de las prefecturas.

Criterios algo parecidos han manifestado dos prefectos del oficialismo. El de Potosí, Mario Virreira, dijo que no cree necesario, “porque ya existe la coordinación prefectural y no necesitaríamos otros niveles…”. A su vez, el prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, coincidió y señaló que “el Gobierno tendrá que explicar cuál es el alcance de los enlaces prefecturales”.

Desde el punto de vista legal e institucional, efectivamente parece no corresponder crear una instancia funcionaria que esté virtualmente superpuesta a la de los prefectos, desde el momento en que éstos no tendrían ya, como parece ser la intención, la posibilidad de mantener un contacto directo con el Presidente de la República, lo cual iría en perjuicio de la armonía que debe existir entre los poderes constituidos. Al carecerse de este vínculo, se hace perder eficacia al trabajo de las prefecturas, pero, además, se subalterniza a los prefectos de una forma que podría afectar el ordenamiento institucional del país.

Respecto del efecto sobre la gobernabilidad, se entiende que ésta es de ida y vuelta. En este punto habrá que sincerarse y también tocar la responsabilidad que juegan los prefectos para viabilizar una saludable gobernabilidad. Hecho que no estuvo ocurriendo y parece que no sucede. Al comienzo de la gestión, hubo algunos prefectos que insistieron en sobrepasar sus competencias con acciones provocativas al Gobierno y, es más, mantienen esa postura hasta la fecha, pretendiendo eludir la autoridad nacional con confrontaciones y fricciones innecesarias.

En aras de lograr el buen gobierno a partir del respeto mutuo, los prefectos también debieran hacer los esfuerzos suficientes y necesarios para lograr un acercamiento no sólo de sus políticas departamentales sino también con aquellas que se plasman desde el Gobierno nacional. En este momento está en juego la gobernabilidad, y aquello es de responsabilidad compartida.