Para nadie es novedad que cualquier nacionalización, en el sentido que entendemos los bolivianos, tiene un costo. Y este costo se traduce en la pérdida de inversiones extranjeras en general (y no sólo en el sector donde se efectúa la nacionalización), y de los mercados donde se consume estos productos de exportación, particularmente, cuando este acto unilateral afecta directamente a las inversiones del país comprador.
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con Brasil, que es nuestro principal mercado de exportación de gas natural y al que recientemente Bolivia le ha nacionalizado importantes inversiones realizadas por Petrobras. Como resultado de esta decisión política tomada por el Gobierno de Bolivia, en fecha 1 de agosto de 2006, Petrobras, ha anunciado que, entre los años 2007 y 2011 invertirá 22.100 millones de dólares, ´para dejar de depender de Bolivia en la provisión de gas natural´. Dicha noticia, publicada por el periódico La Razón en esa fecha, concluye además que la motivación que ha llevado a Petrobras a tomar esta determinación ha sido la nacionalización del sector de hidrocarburos en Bolivia.
Como se puede suponer, esta es una terrible noticia para Bolivia, pues significa que, como consecuencia de la nacionalización, el país será privado de una fabulosa megainversión —que ahora será realizada en Brasil o en un proyecto importación de GNL (gas natural licuado)— y que Bolivia dejará de estar en un sitial de preferencia del megamercado brasileño, que crece al asombroso ritmo del 17 por ciento anual y que en el año 2011 llegará a consumir 121 millones de metros cúbicos por día, casi cinco veces la exportación que Bolivia actualmente hace a ese país.
En dicha información de prensa, el ejecutivo de Petrobras, el señor José Sergio Gabrielli, añade que Brasil ´tiene una política de garantizar un crecimiento extraordinario de la demanda brasileña… y que (para este efecto) va a elevar la demanda de gas en el Brasil sin pensar en adquirir más gas de Bolivia´.
El tono de las declaraciones del ejecutivo de Petrobras parece enviar señales de que el importante mercado brasileño ha perdido su total su confianza en el país, no sólo por la falta de seguridad jurídica, sino también por las dudas que dicha autoridad parece tener sobre la capacidad de nuestro país de cumplir con sus compromisos de exportación.
Como sabe el lector, no se trata aquí de defender a Petrobras o a las otras empresas petroleras, que tienen espaldas muy grandes para defenderse solas y que, además, nunca han sido santos de mi devoción. De lo que se trata es de reconocer que en los contratos de concesión firmados con dichas empresas, antes de la nacionalización, estaba implícita la fe del Estado y que, al negarla, para establecer nuevas reglas de juego, mediante la aprobación de leyes y decretos, se vulneran los derechos constitucionales de quienes invirtieron al amparo de leyes aprobadas por el Congreso Nacional.
Y esta es la causa por la que el país pierde credibilidad. En otras palabras, ya no se cree en la fe del Estado, pues no existe ninguna garantía de que las reglas aprobadas por el nuevo Gobierno también puedan ser objeto de cambios o de modificación en el futuro.
Mientras tanto, quien pierde es el país, pues al perder esta megainversión y este megamercado, Bolivia dejará de ganar muchos miles de millones de dólares que podría invertir en su desarrollo y en la lucha contra la pobreza.
Ojalá me equivoque y que la fiesta de la nacionalización pueda durar mucho más que el amargo ´ch’aqui´ de la realidad. Realidad de saber que, a pesar de nuestras inmensas riquezas, seguiremos siendo un país pobre, con nuestro futuro enterrado debajo de la tierra.
*Juan L. Cariaga es economista y escritor.
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