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El Consejo de Delegados de este recinto determinó ejecutar las medidas de presión hasta que sus demandas sean escuchadas, entre ellas, piden la cesación de las detenciones preventivas y el cambio de jueces y fiscales que manejan las causas antidrogas. Además, exigen revisar la categorización de tentativa de acuerdo al artículo 8 del Código Penal y no aplicar la fianza económica ni exigir garantes solventes, respetar la presunción de inocencia y el cumplimiento de la detención domiciliaria.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, calificó ayer de "pacífica la movilización" y agregó que la Policía tiene el control del penal.

En representación de estos internos, Moisés Colque manifestó que realizan esta medida porque diversas autoridades judiciales obstaculizan sus procesos y cuando se benefician con la libertad lo hacen a cambio de una "elevada fianza".

Explicó que los privados de libertad en su mayoría son pobres que no tienen la posibilidad de conseguir dinero para cubrir la fianza como lo hacen los reos de "cuello blanco", por lo que cada vez las cárceles se "colman más de internos y se hace muy difícil la convivencia".

Colque indicó que exigen el perdón del 100% de las condenas para los ejecutoriados, por cuanto consideran que dentro de la Ley 1008 no existe sanciones para los grandes traficantes. Los privados de libertad además denunciaron que hay extorsiones de parte de los abogados, que al defender al imputado "realizan cobros”.