La pena de muerte para violadores y asesinos de niños, propuesta este martes por el presidente Alan García, encendió la chispa de un gran debate en Perú sobre su conveniencia, en un país donde una mayoría de ciudadanos reclama el paredón para detener los crecientes casos de pedofilia.
El apasionado debate se encendió con el anuncio del Mandatario, quien condenó el “crimen atroz que es la violación, seguida del asesinato de niños”.
“Esa gente no tiene derecho a vivir”, aseveró el Mandatario al reclamar que “la sociedad necesita más rigor, más orden y los delincuentes necesitan sanciones mucho más severas”. García planteó reinstaurar la pena capital mediante una reforma constitucional o vía de un referéndum.
El planteamiento presidencial generó reacciones encontradas entre miembros del propio Gobierno, opiniones a favor y en contra de legisladores de los partidos políticos y el rechazo unánime de los juristas y los grupos de derechos humanos.
El canciller José García Belaúnde se declaró opositor a la pena de muerte y advirtió que Perú tendría que renunciar al Pacto de Costa Rica, que la proscribe.
Esto “afectaría en forma negativa la imagen del país y del Gobierno en concreto”. “Es un tema jurídico muy complejo”, dijo.
La ministra de Justicia, María Zavala, también opuesta a la pena capital, dijo que esa pena extrema no constituye una acción disuasiva y coincidió con el Canciller en que aplicarla conllevaría complicaciones respecto a los tratados internacionales.
En cambio, la legisladora conservadora peruana Lourdes Alcorta estimó que los pedófilos “son desde todo punto degenerados que no tienen más solución que la muerte y en ningún caso el Estado debe defender la vida de un violador”. Lima, AFP