La Constituyente por dentro y por fuera
María Teresa Zegada*

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El inicio de sesiones de la Asamblea Constituyente ha provocado una serie de debates tanto entre los asambleístas como en la opinión pública en los que se combinan argumentos legales con intereses sociales y políticos.

Como es natural, la constituyente es un espacio eminentemente político, por tanto en ese escenario se manifiestan las pulsiones y disputas políticas por lograr, por una parte, mayores espacios de representación, por ejemplo en la directiva o en las distintas comisiones; y por otra, por instalar una posición político-ideológica determinada que terminará imponiéndose o siendo ne- gociada con otras propuestas específicas de reforma. Pero la constituyente es al mismo tiempo un espacio democrático de deliberación, en el que rigen ciertas reglas de juego que establecen límites a los actores, y garantizan un proceso político efectivo y ordenado que conduzca a los resultados esperados, es decir, a redactar una nueva Constitución.

Quizás ese sea uno de los valores más importantes de la constituyente, su calidad democrática; porque de otro modo la resolución de las diferencias y las disputas sociales y políticas adquiriría un carácter violento y con resultados, a estas alturas, no deseables. Por ello es importante, particularmente para los constituyentes, regirse rigurosamente a las reglas de juego acordadas, que en determinado momento pueden constituirse en restricciones, pero en otros, en un resguardo a sus propios intereses. Por de pronto se ha establecido una Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que establece, entre otras cosas, las pautas de funcionamiento y aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Más allá de los resultados electorales y la actual composición de la Asamblea que puede o no satisfacer los intereses políticos tanto del oficialismo como de la oposición, no resulta conveniente comenzar a “interpretar” o “adecuar” la ley a conveniencia.

Por otra parte, no podemos olvidar que la Constituyente fue producto de un conjunto de luchas y movilizaciones sociales que impusieron en la agenda política la realización de este evento, como la oportunidad histórica de introducir transformaciones en el Estado boliviano y de reformar total- mente a la Constitución. Por esa razón, es lógico y absolutamente necesario que estos sectores sociales hagan llegar a los constituyentes el conjunto de propuestas que vienen elaborando desde hace varios meses y años, y presionen a sus representantes para que se incorporen en los procesos de deliberación y decisión. Y en esta lógica deben incluirse también otras organizaciones sociales como las empresariales, gremiales, o de género para velar por sus propuestas específicas. En ese sentido, la constituyente deberá ser un espacio absolutamente permeable a la sociedad y establecer un flujo permanente de comunicación.

Sin embargo, estamos conscientes de que las decisiones las deberán asumir quienes fueron elegidos para ese fin, sino, ¿para qué los elegimos? por tanto no corresponden las intromisiones en sus labores ni del Ejecutivo ni del parlamento, —la ley plantea claramente que no depende ni está sometida a los poderes constituidos, así como tampoco puede interferir en las funciones los mismos— y menos de fuerzas con capacidad de poder que distorsionen, desde afuera el proceso constituyente.

*María Teresa Zegada
es socióloga.