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Los documentos del caso fueron entregados el mes de julio en Córdoba, Argentina, en ocasión de una cumbre de presidentes.

En una conferencia de prensa ofrecida anoche en la oficina del abogado defensor de los acusados, la abogada, quien se identificó como defensora de los Derechos Humanos de Paraguay, Raquel Talavera, aseguró que la documentación fue falsificada.

“Ellos (los dos paraguayos) son perseguidos políticos. Pertenecen al movimiento de izquierda Patria Libre, ellos son jóvenes campesinos”, aseguró la abogada.

De acuerdo a la versión de Talavera, Franco y Acosta no tiene antecedentes policiales. En los documentos entregados al presidente Morales aparecen sólo con un apellido, aspecto que, dijo, podría tratarse de homónimos. El año de nacimiento de uno de ellos no coincide con el inicio del registro de libros de su lugar de origen. “El Gobierno paraguayo es responsable de lo que les pase (a Franco y), el Gobierno boliviano es responsable de revertir una situación injusta que nosotros representamos sólo con documentos legales”, agregó la defensora paraguaya.

Sin embargo, Raquel Talavera sólo exhibió los documentos originales que eximirían a Franco y Acosta de la acusación que pesa en su contra, no distribuyó copias a la prensa.

Ambos permanecen prófugos desde julio luego de que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) revocó el estatus de refugiados. Unas semanas antes de esta decisión, la Corte Suprema de Bolivia ordenó detener a ambos ciudadanos con fines de extradición.