El Gobierno dice que las empresas petroleras están perjudicando el avance de la nacionalización. Como mensaje político y movilizador quizá la denuncia tenga sentido, pero mirándola bien es un absurdo.
David Toro, en 1937, no pidió permiso a la Standard Oil para ejecutar la primera nacionalización del petróleo de Bolivia. Y Alfredo Ovando, en 1969, tampoco se sentó a esperar que la Gulf Oil le allane el camino para la segunda nacionalización.
Víctor Paz Estenssoro hubiera demorado mucho si en 1953 hubiese decidido esperar que los barones del estaño le autoricen a seguir adelante con la nacionalización de las minas. Y no esperó: las revoluciones son impacientes.
En este caso lo que falló fue el método de la nacionalización. O quizá fue error llamarle nacionalización. Fue Enron la primera empresa que definió el estilo de esta “nacionalización”. A los pocos días del 1 de mayo, los ejecutivos de la famosa empresa que, aunque muerta, seguía siendo dueña de los ductos bolivianos, dijeron que ellos estaban dispuestos a vender al Gobierno boliviano las acciones que tienen en Transredes.
Fueron los únicos que interpretaron toda la puesta en escena de San Alberto, con movilización de tropas, como una simple propuesta de compra a las petroleras. Es decir que, para esa empresa, en lugar de llevar tropas al Aguaragüe y hacer tanto escándalo, el Gobierno debía haber ido a la Bolsa de Valores para presentar una oferta de compra. Un take-over, como se dice en Wall Street. Para este trámite no hace falta usar casco de petrolero. Hay que estar con la cabeza fría cuando se opera en la Bolsa.
Y Enron dio su precio. Además, le dio un mes de tiempo al Gobierno boliviano para que reaccione. Como el Gobierno no tomó la oferta con la rapidez de esta clase de operaciones bursátiles, Enron vendió sus activos en Bolivia a la empresa Ashmore Energy International Limited el día 1 de junio. Ese día, un boletín de Enron dijo: “Actualmente, el Gobierno (de Bolivia) negocia la compra de esas acciones para tomar la administración”. Un detalle importante: la venta fue por US$ 2.900 millones.
El carácter de esta “nacionalización” fue captado también por el soldador paulista que es presidente de Brasil. Luiz Inácio “Lula” da Silva dijo hace un mes que Petrobras estaba esperando que el Gobierno boliviano le pague la indemnización que le corresponde por sus activos, para irse. Y, mirándolo bien, la actitud de todas las empresas petroleras es similar. Se han cruzado de brazos en espera de que se les pague, y se irán.
Se supone, por esa actitud, que ninguna acepta las condiciones creadas por el DS 28701, que les asigna a todas la calidad de empresas prestadoras de servicios a favor de YPFB. Por ello es que en los tres meses y medio de la nacionalización ninguna empresa “migró” de contrato a uno que debería surgir de las nuevas condiciones, aunque todavía no está redactado.
El Gobierno dice que las empresas nacionalizadas no le están entregando el dinero de las operaciones que hacen. Para que eso suceda, al parecer, el Gobierno deberá cancelar los montos que las empresas reclaman, o dicen haber invertido.
La revolución está pendiente de las chequeras de las petroleras.
*Humberto Vacaflor G. es periodista.
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