Mal juicio a Sadam
Editorial*

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“La justicia ha estado en Irak bajo control gubernamental durante 25 años, y el juicio se desarrolla en un país convulso, al borde de la guerra civil...”
Irak, bajo un Gobierno provisional y la ocupación de las tropas americanas y británicas, decidió juzgar por sí mismo a Sadam Husein por los crímenes de su régimen entre 1968 y 2003.

El resultado, cuando comenzó ayer el segundo de los muchos procesos que pueden aguardar al dictador, es desalentador. El tribunal especial que desde octubre pasado sienta a Sadam en el banquillo no está a la altura de las circunstancias, y el proceso amenaza con disolverse en el caos.

El nuevo juicio exigirá a Sadam responsabilidades por el genocidio de miles de kurdos a finales de los años ochenta. El primero, por el que aguarda sentencia, le ha acusado de crímenes contra la humanidad en las personas de 148 chiíes. Pero a lo largo de los meses transcurridos se ha asemejado en muchos momentos a una farsa. Tres de los abogados defensores del ex presidente han sido asesinados; otro ha huido del país. Y han sido reemplazados, por diferentes motivos, tres de los cinco jueces originales. Sadam, de 69 años, ha polemizado a voces con el tribunal, ha abandonado la sala y protagonizado huelgas de hambre.

Como acaba de denunciar un relevante grupo pro derechos humanos, los magistrados parecen incapaces de dirigir el proceso de genocidio en puertas, complicado a juzgar por el precedente yugoslavo. Los iraquíes han querido juzgar a Sadam para demostrar, entre otras cosas, que tienen un sistema judicial operativo. A diferencia de Milosevic o de los procesos de Sierra Leona y Ruanda, donde la ONU ha puesto en pie tribunales ad hoc, no han recurrido a la justicia internacional. Pero los resultados iniciales muestran el espejismo.

No cabe en un proceso de estas características esperar competencia e imparcialidad de un tribunal sin experiencia, aunque sus miembros hayan sido formados aceleradamente por americanos y británicos. La justicia ha estado en Irak bajo control gubernamental durante 25 años, y el juicio se desarrolla en un país convulso, al borde de la guerra civil y donde los agravios sectarios se zanjan a bombazos cada día.

El hecho de que Bagdad haya reimplantado la pena de muerte, suspendida durante la ocupación estadounidense, es un agravante más. Organizaciones y expertos que podrían haber prestado una ayuda sustancial, han rechazado hacerlo en estas circunstancias.

*Editorial
de El País de Madrid
para La Razón.