La licitación del Mutún
Rolando Morales Anaya*

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Corresponde sugerir a las autoridades de gobierno reconsiderar desde sus inicios el proceso de licitación del Mutún debido a razones legales y también técnico-económicas. Entre las razones legales, se encuentra el importante hecho de que se ha dado curso a esta licitación sobre la base de una sola propuesta y no de tres, por lo menos, como señala la norma legal vigente. Por otra parte, según declaraciones del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Salvador Ric, “para calificar con el sobre B1 se necesitaban 75 puntos y la Jindal sólo sumaba 52”. El ministro Ric también denunció las presiones de las cuales fueron víctimas en Santa Cruz por parte de las autoridades y de los pobladores de Puerto Suárez, empujados por la propia empresa Jindal. También denunció que esta empresa montó una empresa fantasma llamada Mital para aparentar que había otros interesados en esta licitación. El gobierno terminó concediendo 60 días suplementarios a Jindal para “mejorar” su oferta; esta medida está completamente fuera de la ley, pues debía haber llamado a una nueva licitación desde el momento en que había un solo proponente y que no calificaba.

Por otra parte, la ministra de Producción y Microempresa, Celinda Sosa, declaró en la televisión que el gobierno no ha tenido acceso a ningún estudio de prefactibilidad antes de tomar la decisión con relación a la Jindal. El último estudio de factibilidad que se hizo para la explotación del Mutún fue realizado a comienzos de la década de los noventa por una consultora brasilera de nombre Cobrapi bajo la tuición y supervisión de Sidersa. Se concluyó en esa época que esta explotación, a pesar de la riqueza de los yacimientos, no era rentable ni conveniente por las razones siguientes: a) El consumo de hierro en Bolivia alcanzaba sólo a las 16 mil toneladas y era imposible exportar debido a los subsidios que los grandes países ofrecían a sus industrias por razones de seguridad nacional b) La China vendía (y vende) en el mercado nacional a precios imposibles de competir, c) La producción con gas, frente a la producción con carbón vegetal (alternativa recomendada por la consultora) era muy onerosa, d) La calidad del material, rica en fósforo, encarecía los costos de producción con relación a las explotaciones de otros yacimientos. Sin duda, las condiciones económicas y tecnológicas se han modificado desde esa época, pero ¿dónde está el estudio de factibilidad que muestre los cambios ocurridos?, ¿el poco interés internacional suscitado por la licitación del Mutún se explica por perspectivas pesimistas sobre su rentabilidad económica?, ¿no hubiese sido más racional que previamente a la licitación, el gobierno instruya la realización de un estudio de factibilidad?

La oferta de Jindal prevé la producción de 1,7 millones de toneladas de acero, ¿existe algún estudio sobre el destino de la producción que supera más de 80 veces el consumo nacional? La Jindal invertiría 2.300 millones de dólares, tendría una ganancia de 200 millones de dólares y entregará una suma similar a Bolivia. Para Jindal, la tasa de rentabilidad sería de 8,7 por ciento anual, lo que es sorprendentemente bajo para una inversión en minería. Luego, queda a preguntarse ¿cómo es posible que Jindal Steel and Power esté dispuesta a invertir en este sector con una perspectiva tan pesimista de ganancia?, ¿hay alguna carta debajo de la mesa?, quizás la respuesta esté en la hipótesis lanzada por Roberto Laserna que lo que interesa a la Jindal es básicamente el hecho de que Bolivia le vendería el gas a mitad del precio que recibe de la Argentina.

El Gobierno no ha pensado asignar al Tesoro General de la Nación ni un solo centavo de las futuras ganancias de esta inversión. Alguna autoridad declaró que se beneficiará con los impuestos, mas, todos pagamos impuestos, a no ser que el acuerdo preliminar prevea impuestos específicos a este sector, con lo cual la tasa de rentabilidad caerá más aún.

Por todo esto, cabe sugerir al Gobierno revisar su decisión en lo que se refiere a la adjudicación del Mutún; si se reinicia el proceso, sería conveniente convocar a los profesionales bolivianos que participaron en los estudios previos para que orienten a los tomadores de decisión en esta materia.

*Rolando Morales Anaya
es doctor en Economía.