El circo debe terminar
Carlos Alberto Mostajo*

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Grupos que actúan en las sombras están sacudiendo al país con una tramoya siniestra impulsada por un diputado inexperto. Inventaron un supuesto tráfico de influencias para detener la auditoría de dos campos petroleros, afectar la administración de YPFB, dañar a mi Firma Legal, atacar a la familia Morales y a la empresa adjudicataria de esa auditoría.

Creyeron que su canallada alcanzaría sus objetivos, dado que tendría como punta de lanza a un diputado y como caja de resonancia a algunos medios de comunicación. Pensaron que frenarían la auditoría y que lograrían el linchamiento mediático de sus víctimas.

Su sórdido plan parecía sólido, pero fracasó. El Ministerio de Hidrocarburos desmintió al parlamentario; yo y otro representante de mi Firma Legal rechazamos la infamia del diputado calumniador; miembros de la familia Morales reaccionaron airados y le iniciaron una acción criminal; la empresa adjudicataria de la auditoría desvirtuó las temerarias acusaciones de quien sólo es una marioneta política.

Periodistas serios y analíticos desmenuzaron el caso, poniendo al descubierto el sucio plan y así quedó en claro: 1) Que fue el Ministerio de Hidrocarburos el que licitó y contrató la auditoría de los campos y no YPFB; 2) Que la licitación y la adjudicación del contrato de auditoría fueron anteriores a los hechos en que se pretendía sustentar la denuncia de tráfico de influencias; 3) Que ningún miembro de mi Firma Legal tenía ni tiene participación societaria en la empresa adjudicataria ni intervino en la adjudicación de la auditoría; y 4) Que Manuel Morales Olivera era asesor de YPFB y no del ministerio contratante.

No obstante esas conclusiones irrebatibles, el parlamentario falaz sigue con su infamia y ahora muestra como prueba del supuesto tráfico de influencias 2 fotografías que me fueron tomadas en un almuerzo-trabajo del Directorio de la Cámara Española del que soy parte y al que fueron invitados los representantes de YPFB para tocar el tema de la naciona- lización, fotografías sobre las que ha elaborado un forzado cuadro de relaciones entre los personeros de YPFB y mi persona. Esa supuesta prueba es un insulto a la inteligencia. El circo de ese diputado debe terminar.

El Ministerio de Hidrocarburos es una institución jurídica diferente a YPFB; mi sociedad profesional es distinta a la empresa adjudicataria y no existe ningún contrato de mi Firma Legal con la empresa adjudicataria.

La fiscalización a la que tienen derecho los parlamentarios debe ser efectuada con seriedad y responsabilidad, no con abuso, falsedades, calumnias, mentiras ni delinquiendo. Ojalá que la Comisión de Ética de la H. Cámara de Diputados procese al diputado que tan vilmente devalúa la función parlamentaria.

*Carlos Alberto Mostajo
es abogado.
carlos@mostajo.com