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"Las extorsiones, la destrucción de bienes de nuestras empresas por parte de las pandillas están a la orden del día (...) y lo que es más grave es que se atenta contra la integridad física de las personas por causa de las extorsiones, se debe poner paro inmediato a este clima de zozobra", aseguró Catalino Miranda.

Miranda, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecotrans), la gremial más grande de microbuses de transporte público, aseguró que "diariamente los empresarios deben de pagar un impuesto a los pandilleros si no desean tener represalias". En El Salvador operan las temidas pandillas Mara Salvatrucha (MS) y la Mara-18, integradas por decenas de miles de jóvenes, muchos de ellos inmigrantes deportados de Estados Unidos.

Según datos de Fecotrans, en la mayoría de las rutas de microbuses las pandillas han establecido cuotas de entre tres y cinco dólares diarios por unidad. "Hay sectores de autobuses que están pagando hasta medio millón de dólares mensuales a las pandillas y las autoridades no hacen nada al respecto", se lamentó el presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez.

No obstante, las extorsiones de pandilleros también alcanzan a otros sectores del comercio, desde almacenes hasta pequeños negocios en barrios, que también deben pagar el "impuesto" a las "maras". San Salvador, AFP