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Por su parte, el fiscal asignado al caso, Milton Mendoza, no descartó convocar a declarar a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, pero “una vez que el Congreso dé luz verde para comenzar la investigación en contra de los acusados”.

El lunes, el embajador estadounidense en La Paz, David Greenlee, dijo que no habrá comentarios sobre el tema, por parte de personal militar de su país y dijo que el caso será mantenido en reserva, “en un canal de seguridad”.

La defensa de Rodríguez, en un comunicado que hizo llegar a este medio, aclaró que el Ministerio Público ejerce, por disposición constitucional y legal, la atribución de conducir las diligencias de investigación en las causas de acción pública. “Esta responsabilidad no fue cumplida por el Fiscal General (Pedro Gareca) pues, conociendo de la participación de miembros de la misión militar norteamericana en el operativo de su salida (lo cual fue informado oportuna y públicamente por el ex presidente Rodríguez, cuyo Ministro de Relaciones Exteriores presentó protesta diplomática a la Embajada de los EEUU) no agotó investigaciones... por lo menos aquellas diligencias tan obvias, como indagar la participación de militares de EEUU en el operativo”.

Ésta, asegura el documento, resulta ser otra falencia en el proceso previo a la presentación del requerimiento acusatorio que derivó en el pedido de la Fiscalía al Congreso, de un juicio de responsabilidades en contra de Rodríguez y se suma a su reclamo expresado ya en semanas pasadas: Que la Fiscalía le negó el derecho de ser oído, “sin que las notas escritas le quiten tal derecho”.

“Es inadmisible el criterio que minimiza las responsabilidades del Fiscal en el período previo de investigación y las libra a cuando se inicie el proceso, más aún si se toma en cuenta que el juicio de responsabilidades se tramita en una y única instancia ante la Corte Suprema”.