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En los artículos 12, 14 y 16 de la alternativa al proyecto del Ejecutivo, al que accedió La Razón, los empresarios reconocen que la justicia agraria está separada de los temas medioambientales y plantea que la propiedad agrícola sea incluida en el procedimiento especial sin más trámite.

El otro punto de discrepancia es la defensa de que las autoridades locales asuman la gestión de la tierra y que no sea la máxima autoridad del Servicio Nacional de Reforma Agraria (el Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio ambiente) la que dirima en caso de que el Consejo Agrario Nacional no alcance el consenso para sus decisiones.

La propuesta de Confeagro tiene 28 artículos, cuatro disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y una disposición abrogatoria. Mientras que el

proyecto del Gobierno tiene 35 artículos, siete disposiciones transitorias, nueve disposiciones finales y dos disposiciones abrogatorias y derogatorias. En la mayoría tienen coincidencias.