Urge la elaboración de varias políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar este delito. Un experto había dicho que la trata de personas no se encuentra adecuadamente tipificada en la legislación boliviana, ´lo que dificulta el control del problema“.
La Cumbre Mundial contra la Discriminación estableció que cada año millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación, laboral o sexual, de las cuales no pueden escapar. Se dijo que se constituían en ´la mercancía´ de una industria mundial que mueve miles de millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes muy bien organizados que operan con impunidad.
El presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, no dudó en denominar a la trata de personas como ´el nuevo comercio de esclavos´. Un problema mundial, en expansión, que según los últimos estudios ha crecido en gravedad y magnitud.
La trata de personas es un fenómeno que afecta a todas las regiones y a la mayoría de los países del mundo. Se la considera como uno de los delitos más comunes a nivel internacional, después del tráfico de órganos, de armas y de drogas.
Bolivia, en ese contexto, no es la excepción y en el último tiempo se ha constituido en país de tráfico, tránsito y origen.
Por señalar dos ejemplos. Primero, tanto en La Paz como en Santa Cruz se han conocido durante este año casos relacionados con menores de edad paraguayas que fueron traídas al país con el engaño del ´buen empleo´ y ´mejor remuneración´, para ser explotadas sexualmente. Así se verifica, una vez más, que la trata de personas y la prostitución de menores forman parte de un solo círculo. Y segundo, hace no mucho se conoció en Santa Cruz el caso de la venta de una recién nacida a una pareja de españoles.
La Red Bolivia recopiló una serie de datos obtenidos del seminario taller ´Estrategias contra la Trata y el Tráfico de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres´, realizado en La Paz hace un año. En medio de esa información, encontró que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ubicó a Bolivia, en un estudio sobre el tráfico ilegal de personas que concluyó en enero pasado, en el denominado ´tercer nivel´. Aquello implicaría que ´el país no tomó medidas y acciones de prevención, tratamiento y recuperación de las víctimas de trata y tráfico de personas´. Pero el asunto parece ser aún más grave. Bolivia, en este momento, presentaría ´una imagen de franca desatención de los convenios y tratados internacionales, así como existen varios acuerdos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes no ratificados´.
Aunque el propio informe del Estado mundial de la infancia 2006, excluidos e invisibles, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) no puede establecer con precisión cuántos niños, niñas y adolescentes son víctimas de este delito, la actividad está presente y Bolivia es parte del problema.
Ante esta evidencia, urge la elaboración de varias políticas públicas destinadas a prevenir y sancionar este delito. Un experto internacional había dicho que la trata de personas no se encuentra adecuadamente tipificada en la legislación boliviana, ´lo que dificulta el control del problema por la vía jurídica´. En efecto, en el país no existe una ley específica como en otros países.
Por ello en Bolivia es necesario consolidar y ajustar los actuales programas de protección a niños y adolescentes, así como crear redes de información entre Bolivia y otras naciones que posibiliten una real prevención a la trata de personas.