El cerco pone en apronte a cívicos y a campesinos El alcalde de Trinidad sugiere conformar un comité de desbloqueo y su homólogo cruceño anuncia que impedirá el cerco, que empieza un día después del inicio de la medida de presión.
EN ALERTA • Cívicos y representantes de diversos sectores de la cruceñidad se reunieron ayer para analizar las acciones que tomarán en contra del bloqueo y en defensa de la autonomía.
Amenaza un nuevo enfrentamiento en Santa Cruz. Mientras el denominado Bloque Oriente y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia alistan un cerco indefinido a esa ciudad a partir del miércoles 20, los cívicos y autoridades locales advirtieron que impedirán cualquier medida de presión.
Entretanto, autoridades del Gobierno rechazan las movilizaciones, aunque tomaron posición a favor de los sectores sociales y atacaron a los cívicos cruceños.
“La medida se va a dar porque hasta ahora nadie se acuerda de nosotros. No podemos seguir luchando tantos años, queremos una verdadera refundación desde la Constituyente”, anunció Jacinto Herrera, líder de la Federación de Campesinos de Santa Cruz.
La decisión del bloqueo surgió tras el paro cívico que Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija realizaron el viernes en demanda de los dos tercios para la toma de decisiones en la Constituyente, medida que para el Gobierno —cuyas bases se encuentran en estas organizaciones indígenas y campesinas— en realidad apuntó al fracaso de la Asamblea.
“Vamos a ver qué medidas asumimos para apoyar el cerco a Santa Cruz”, anunció ayer Pedro Núñez, dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano. Dijo que otros sectores harán lo mismo esta semana.
Para los cívicos, la intención de fondo es atentar contra la feria internacional Expocruz, que comienza el 21 de septiembre. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Jaime Santa Cruz, acusó al Gobierno de movilizar a esas organizaciones y adelantó que cualquier enfrentamiento será su responsabilidad.
El vocero gubernamental, Álex Contreras, respondió que “si se trata de sectores afines al MAS, tengan la seguridad de que solicitaremos a esas organizaciones que no recurran a las medidas de presión”. Luego reiteró que el paro cívico del viernes fue parte de un complot contra el Gobierno.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció que garantizará el libre tránsito si se confirma el bloqueo. “No se permitirá el boicot a la Expocruz”.
Para el viceministro de Coordinación con los Sectores Sociales, Alfredo Rada, “no es coherente que un Prefecto bloqueador ahora decida tomar acciones contra otros sectores que también bloquean. El Prefecto de Santa Cruz perdió autoridad moral para lograr el desbloqueo, y ¿cómo la recupera?, a través del diálogo”.
Los anuncios de un lado y del otro surgieron en medio de las insistentes acusaciones de complot del Gobierno, sobre las que los cívicos pidieron pruebas.
“Lo mínimo que deben hacer los periodistas es exigirle pruebas de que hemos estado complotando y que nos metan presos por sedición, que no sean cobardes de tirar una piedra y después que todo quede en nada”, señaló al respecto el prefecto Costas.
La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, dijo que hay complot “cuando hay voces dentro del Comité Cívico de Santa Cruz, hay discursos además que hablan de separatismo, y hablar de separatismo es conspiración, hablar de independizarse es conspiración”.
Anunció que el Gobierno respetará las medidas de presión si éstas son pacíficas, aunque aclaró que hará cumplir el derecho constitucional de libre tránsito.
La posición de las regiones frente al cerco de los sectores
SANTA CRUZ El prefecto Rubén Costas anticipó que no permitirán que el cerco anunciado para el 20 de este mes se lleve adelante. “No se va a permitir, llevaremos a cabo todo lo que sea necesario para respetar la democracia”. Por su parte, los cívicos del departamento, a través de su segundo vicepresidente, Jaime Santa Cruz, señalaron que no definieron medidas para evitar el bloqueo. No obstante, el dirigente anunció que, si el cerco se lleva adelante, “la gente va a reaccionar para evitarlo”. Ambos responsabilizaron al Gobierno de los posibles enfrentamientos en caso de que se concrete la medida de los campesinos e indígenas.
TARIJA El dirigente del Comité Cívico de Tarija, Amílcar Taboada, señaló que es el Gobierno el que debería hacer algo para evitar el cerco anunciado a Santa Cruz. Dijo que su región no intervendrá, debido a que “no estamos en el plano confrontacional y no creemos que ese bloqueo sea viable”. No obstante, aseguró que “todo pueblo que esté amenazado y oprimido va a merecer nuestra solidaridad”, así como la de todo el bloque cívico del oriente y el sur del país. A tiempo de descalificar y rechazar el cerco indígena y campesino, el cívico tarijeño aseguró que estas medidas de presión son promovidas “por un sector radical del MAS que no quiere que se respeten las leyes vigentes”.
BENI El alcalde de Trinidad, Moisés Shiriqui, sugirió la creación de un comité de desbloqueo, y convocó a voluntarios para que lo conformen. Anunció que el mismo no sólo funcionaría en el cerco anunciado por los indígenas a Santa Cruz, sino para otros casos similares. “No podemos aceptar que un sector muy minúsculo dentro de nuestra región se dé el lujo de decir: como ustedes bloquearon para que la Constituyente no siga adelante, nosotros vamos a bloquear la feria de Santa Cruz, y al bloquear la carretera a Santa Cruz nos perjudica a nosotros como benianos. Yo planteo que se conforme un comité de desbloqueo y no solamente para esta situación, sino para cualquier otra”.
PANDO La presidenta del Comité Cívico del departamento, Ana Melena, dijo que aún no definieron si intervendrán o no para evitar el cerco a Santa Cruz, pero pronosticó que, de concretarse esta medida, las consecuencias podrían ser “muy penosas” para el país, pues desde su perspectiva “la situación se está poniendo difícil”. Esta afirmación se basó en una lectura que hizo la dirigente cívica de los recientes conflictos que se presentaron en Copacabana, con un bloqueo de caminos que duró 12 días. Asimismo, hizo referencia a la suspensión de actividades que hubo en cuatro regiones en demanda de los dos tercios en la Constituyente.