El Consejo de la Judicatura suspendió del ejercicio de sus funciones a la jueza de la Niñez y la Adolescencia de la Capital, María del Carmen Baldivieso; y remitió antecedentes al Ministerio Público con relación al caso de dos vocales de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, Jaime Villarroel Ferrer y Dora Villarroel Padilla de Lira, quienes fueron acusados por faltas “muy graves”.
El Consejo decidió suspender de sus funciones a Baldivieso —acusada de tramitar adopciones de niños en forma ilegal, principalmente con ciudadanos españoles—, luego de que la Fiscalía la imputó por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, concusión, cohecho pasivo del juez, y consorcio de jueces y abogados.
Mérida aclaró que los vocales de la Corte paceña no pueden ser destituidos de sus cargos por el Consejo, debido a que las facultades del órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial fueron recortadas por una sentencia del Tribunal Constitucional. “Sin embargo, debe ser el Ministerio Público (...) el que obre en consecuencia”, apuntó el Consejero. Ambos incurrieron en una “falta muy grave”, al infringir el artículo 39 de la Ley 1817, numeral 14, del Consejo de la Judicatura. Redacción Sucre