Cinco ex diputados declaran en la Fiscalía sobre el caso de los chinos Dictamen • La directora del Senamig dijo que el fallo del recurso de hábeas corpus de cuatro ciudadanos chinos fue procedente, pero mandó que siga la custodia como hasta ahora.
HACE 12 Días • La Ministra de Gobierno fue a Taipiplaya a ver si estaban los chinos que envió la diputada Seeguers.
Cinco ex diputados que facilitaron visas a ciudadanos chinos en las gestiones pasadas fueron citados por la Fiscalía para declarar hoy, informó la directora ejecutiva del Servicio Nacional de Migración (Senamig), Magalí Zegarra.
Entre ellos están el ex parlamentario por el MAS y actual constituyente José Bailaba y el ex diputado por el MAS Justino Colque, quien, según la Cancillería, pidió 12 visas el 13 de junio del 2005. El fiscal de Distrito, Fernando Ganam, dijo que entre hoy y el lunes varios diputados y ex diputados declararán en la Fiscalía.
El coronel Adolfo Espinoza, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), indicó que se analizan dos listas, una hallada en la casa de uno de los ciudadanos chinos detenidos y acusados de falsificar la firma del Canciller, con 336 nombres, y la otra de 103 otorgada por la Cancillería. Pero, la documentación a investigar se completará hoy.
La comisión del Gobierno que se encuentra en el oriente verificando la presencia de ciudadanos orientales ilegales llegará hoy. En los próximos días otro grupo partirá hacia el Beni para seguir la indagación, señaló la autoridad.
Ayer, en conferencia de prensa, Zegarra anunció el fallo del recurso de hábeas corpus interpuesto por Donato Valeriano, abogado y apoderado de cuatro asiáticos retenidos en el Senamig por una resolución que determina su expulsión del país por incumplimiento del objeto de su estadía. “Es un fallo ambiguo, pues declara procedente, pero bajo custodia hasta la deportación (sería a fines de septiembre por falta de pasajes)”.
Un hábeas corpus procedente determina la libertad del que o de los que están detenidos. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Rubén Gamarra, dijo que el fallo “responde a la doble moral de las autoridades judiciales. Por un lado, reconoce que el Gobierno actúa en estricta sujeción a las normas jurídicas y, por el otro, hay intereses que probablemente proteger”.