Gobierno, cívicos y prefectos
René Cardozo S.J.*

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Desde hace varios años existe una delicada relación entre el Gobierno y los comités cívicos de las distintas regiones. Esta situación ha llevado muchas veces a tensionar el panorama político hasta llegar a la confrontación directa. Es así que en muchas oportunidades los comités cívicos se han conformado en abierta confrontación con el Poder Ejecutivo, llegando a tener más autoridad y convocatoria que el propio Gobierno.

Este proceso fue acelerado por la acción deficiente de los actores políticos, que fracasaron en su labor de canalizar demandas ciudadanas y de la sociedad, y de esta forma desperdiciaron la oportunidad de

desarrollar, democrática y adecuadamente, las mediaciones políticas como los propios partidos políticos. En este panorama, los sectores ciudadanos encontraron en la asociación de distintas instituciones sociales la forma para presionar a los poderes centrales y conseguir demandas regionales haciendo uso de métodos de presión y de protesta.

Sin embargo, en el marco democrático del ejercicio del poder político, cabría preguntarse la real legitimidad y representatividad de los distintos comités cívicos. En muchos casos, estas agrupaciones no cuentan con el respaldo de la voluntad popular, expresada por ejemplo en la votación directa para la elección de sus representantes, y simplemente surgen de acuerdos interinstitucionales que responden en gran parte a sectores corporativos, sindicales y sectoriales. Es así que dentro del sistema político en democracia, que cuenta con una estructura de poder constitucionalmente definida, es muy complejo ver el lugar que ocupan y la manera de articular estas agrupaciones con el conjunto de instituciones del Estado.

Si a todo ello sumamos la estrecha relación que se viene estableciendo en el panorama político actual entre distintas prefecturas departamentales y dichos comités cívicos, veremos que estamos ante el riesgo de crear una muy seria disfunción en la arquitectura institucional de la democracia boliviana. Y más allá de las justas reivindicaciones regionales o sectoriales, cabría convenir que no se puede vivir en un sistema político en el que se mezclan, sin ninguna coordinación, distintas instancias de poder, unas más democráticas que otras, y que pueden responder a intereses contrapuestos.

De profundizarse en esta dinámica estaríamos ante el inminente riesgo de parcelamiento del Estado generando una incapacidad de gobierno, o ingobernabilidad, del poder central. Por todo ello, quizá sea un momento adecuado para redefinir roles y competencias, para salvar, ante todo, las transformaciones que requiere la nación, en beneficio de la mayor parte de sus ciudadanos.

*René Cardozo
es sacerdote jesuita y diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.