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Renuncié porque, luego de la presión de Brasil, “quisieron hacerme firmar una resolución ministerial que anulaba la primera aprobada por mi persona”, que establecía que el petróleo crudo que va a las refinerías, y los productos que salen de ésta, pasen a manos de los bolivianos.

Otra de las frustraciones vividas por el ex ministro es el hecho de no haber logrado el 50% más uno de las acciones de las capitalizadas (Andina, Chaco y Transredes), el primer día que se lanzó la nacionalización.

Desde su punto de vista, dijo que esto era posible, era cuestión de abrir una cuenta en el BCB, para pagar indemnización y expropiación de acciones a cada empresa, luego de realizar las conciliaciones respectivas.

Soliz también lamentó que en un principio no fue posible conformar un equipo coherente dentro del ministerio, porque muchos cargos de altos niveles no fueron ocupados por gente elegida por su persona. Sin embargo —explicó— se logró construir un buen equipo de directores. Recordó también que su equipo tuvo que batallar duramente en contra de un sector del Gobierno para lograr que las acciones de las AFP pasen a Yacimientos, ya que les decían que esto no era legal ni posible.

Tampoco se quería que YPFB tuviera sus representantes en los directorios de las empresas capitalizadas, no se hacían los trámites necesarios, no se quería dar viáticos y se decía que no había ítems, lamentó.

“Uno de los directores elegido por el Gobierno para las capitalizadas encontró y denunció un contrato secreto entre las empresas Petrobras y Andina”, mediante el cual éstas comercializaban el petróleo boliviano a un precio inferior, para engañar al país, señaló.

Añadió que otra irregularidad detectada por otro director, fue que Transredes pagaba 300 mil dólares a un intermediario que consiguió un seguro para la empresa. “Un elemento complejo en el país también es el temor que se tiene a las petroleras. Me llamó la atención que la empresa Enron estuviera enjuiciada en 56 países del mundo y en Bolivia no”, enfatizó Soliz Rada.