Marcela Nogales, chivo expiatorio
Verónica Ormachea Gutiérrez

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Marcela Nogales, ex gerente general del Banco Central de Bolivia, estaba con sus hijos en la sala de preembarque del aeropuerto de El Alto para abordar un avión a Chile donde iba a ir a vivir porque su marido había sido contratado por la empresa Queiros-Galvao. Se le acerca un personero de la Fiscalía, la arresta arguyendo que estaba “fugando”, la lleva a declarar a la Fiscalía y luego la trasladan a la penitenciaría de mujeres donde se encuentra detenida allí hace dos meses. Ella no estaba arraigada y fue capturada sin notificación ni proceso. Fue separada de sus hijos, que ahora están a cargo de una sobrina, porque su marido vive desde enero en Santiago, donde trabaja.

En octubre del 2003, el BCB recibió tres solicitudes del Ministerio de Hacienda para un desembolso total de 13,7 millones de bolivianos a raíz de la conmoción que vivía el país que desembocó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ella, así como el ex presidente del BCB, Juan Antonio Morales, dieron curso a la entrega sin cometer ninguna irregularidad. El documento suscrito entre el BCB y el Ministerio de Hacienda justifica la legalidad de la operación. Luego, la Contraloría realizó una auditoría y aseguró que “no existe responsabilidad civil ni penal”. Asimismo, el Congreso y auditores externos exoneraron al BCB. Es más. Hubo tan mala fe que se entregó a los medios una filmación de gente sustrayendo el dinero de las bóvedas, que luego el fiscal Milton Mendoza aceptó que fue editado.

El fiscal Mendoza —que hace abuso de su condición y cree que cortando cabezas va a ser fiscal del distrito— acusa a Marcela Nogales, una funcionaria honesta y profesional de primera, de tráfico de influencias, falsificación material, daño económico al Estado e incumplimiento de deberes. El Gobierno ha destrozado, de la forma más arbitraria y abusiva la vida de Marcela Nogales y la de su familia. Ella tiene derecho a ser escuchada, a defenderse y demostrar su inocencia en libertad. La ley presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Esta agresión injusta contra ella refleja que el Gobierno se está convirtiendo en un peligroso Estado policial antidemocrático represor y violador de los derechos humanos. Ella es una víctima más de la cacería de brujas en el que está empeñado para desprestigiar a personas públicas respetables. Ella es su chivo expiatorio, quiere utilizarla como el “trofeo político” de octubre negro porque sabe que el Gobierno de EEUU no extraditaría a Sánchez de Lozada porque tiene claro que en Bolivia no se le haría un juicio justo, sino uno politizado.

El Gobierno quiere hallarla culpable para inventar complicidades, despedir a funcionarios del BCB y llenar las plazas con los partidarios del MAS y que éstos autoricen préstamos de dinero —entre estos los 180 millones de dólares para rehabilitar a YPFB— lo cual es ilegal, así como para dar pegas.

El Gobierno debe poner en libertad a Marcela Nogales. Ha sentado un pésimo precedente que se está revirtiendo en su contra.

*Verónica Ormachea G.
es periodista.