El Estado destina anualmente 7 bolivianos para la atención de la salud de cada uno de los aproximadamente 8.000 privados de libertad distribuidos en los 76 recintos penitenciarios del país.
La Dirección de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno tiene un presupuesto de 56 mil bolivianos para atender la salud de la población penitenciaria, donde se presentan dolencias comunes, como infecciones respiratorias y diarreicas, gastritis, tuberculosis y enfermedades como la diabetes.
La directora de Salud de Régimen Penitenciario, Zoraya Vega, reconoció que esta difícil realidad económica se traduce en “una deficiente prestación de salud” que —explicó— se trata de paliar recurriendo a la colaboración de diferentes organizaciones.
“Vivimos de donaciones”, aseguró, en un dramático resumen de la situación de salud en los diferentes centros penitenciarios.
En el caso de las cárceles de varones y mujeres, en La Paz, se consiguió un convenio con el Hospital de Clínicas para derivar a aquellos presos que requieren de intervenciones quirúrgicas y pagar en cuotas.
La Dirección de Salud espera triplicar el presupuesto de salud el 2007, sin embargo, actualmente gestiona que el Seguro Universal de Salud (SUMI) ingrese a los centros penitenciarios, como sucedió ayer en La Paz.