• RESGUARDO POLICIAL • Un grupo de uniformados custodiaba anoche el ingreso a la casa de la familia Rojas, en Irpavi II, a unas 10 cuadras del sector donde se hallan los predios en pugna.

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Según la versión de los comunarios —que ocupan los terrenos de Aruntaya (Irpavi II) desde julio—, ayer, la familia de apellido Rojas mandó a destruir las viviendas que construyeron en ese lugar exigiendo la devolución de los predios. “Los propietarios somos nosotros, nuestros abuelos lo han sido y ellos los tomaron sin autorización ni venta”.

Ante este medio se presentó una mujer con heridas en la cabeza, supuestamente provocadas por la gente que deshizo sus casas. En efecto, en el lugar se advirtió la demolición de las precarias viviendas edificadas sin respeto a las normas, lo que habría provocado la furia de los ocupantes, que se dirigieron al domicilio de Jenny Rojas, donde destrozaron puertas y ventanas, cuando su familia se encontraba al interior, relató la afectada.

“Fuimos atacados y avasallados, se entraron a la casa. Hemos llamado a la Policía, pero sólo los defendieron a ellos. Nosotros somos propietarios de esos terrenos hace más de 25 años. Ellos nos los vendieron y ahora, con el pretexto de que son pobres y de que el Presidente (Evo Morales) les va a dar títulos, nos agreden”.

Según Rojas, uno de sus funcionarios fue “brutalmente golpeado, le destrozaron el cráneo. Él y otro empleado fueron llevados al Hospital de Clínicas”.

El coronel Guido Murillo, comandante de la Policía de la zona Sur, explicó a radio Fides que acudieron al lugar ante el llamado de los vecinos para constatar el enfrentamiento y apaciguar los ánimos. “Se evidenció el deterioro a la propiedad privada de ambos lados y se logró conducir a seis ciudadanos a la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen”. La Policía permanecerá en el área para dar garantías, agregó.

Procesos judiciales

Propiedad • Rojas dijo contar con todos los documentos de propiedad, por eso inició las obras en la urbanización.

Juicios • Tras la ocupación (marzo), inició juicios penales, cuyas medidas cautelares ya se suspendieron tres veces.