El Gobierno aplicará, desde octubre, un proyecto piloto que busca reducir los índices de inseguridad relacionados a la trata y tráfico de personas en Bolivia. La herramienta será una serie de talleres de capacitación a maestros, estudiantes y padres de familia, que se dictarán en El Alto.
La ministra de Justicia, Casimira Rodríguez, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional para las Migraciones y la organización Proadolescentes de Bolivia inauguraron ayer el programa en la unidad educativa Adrián Castillo.
La directora de la organización Proadolescentes, Raquel Zurita, informó que el proyecto arrancará el primero de octubre y se extenderá hasta junio del 2007.
“Se pretende llegar a los grupos vulnerables, especialmente a niños, adolescentes y jóvenes de El Alto con mensajes dados por títeres, teatro y otros métodos. El proyecto contempla la capacitación de los maestros en la trata y tráfico de personas en tres ámbitos: el marco legal, institucional y también de salud”.
A su vez, éstos aplicarán las técnicas citadas arriba para llegar a los estudiantes de primaria y secundaria y a su entorno familiar.
La inauguración del programa se realizó en Alto Lima, debido a que en esta zona se conocieron varios casos de tráfico de niños, en los últimos años. Aunque no hay datos oficiales, Bolivia se caracteriza por ser un país de origen y tránsito de trata y tráfico de personas, que son empleadas y explotadas en actividades ilícitas como la prostitución.
Zurita dijo que, si este piloto se ejecuta con éxito, a partir de junio del 2007 se aplicará en el resto del país, para lo que buscarían mayor financiamiento al entregado por el BID para El Alto.
A largo plazo se pretende crear redes de información a nivel nacional para concienciar a adultos y niños sobre el tema.
Causas del tráfico
Exclusión • Las principales son la pobreza, el desempleo, la discriminación de género y el desconocimiento de los derechos de los niños.
Otros • La corrupción, la ausencia de registros de identidad, débiles controles migratorios e inseguridad para denunciar este tipo de delitos.