• EN LIBERTAD • La ex gerente del BCB Marcela Nogales, acompañada de sus familiares, abandona la cárcel de mujeres de Obrajes. Estuvo 66 días detenida. Ocurrió ayer por la tarde.

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Alrededor de las 17.30 de ayer, Nogales salió de la cárcel de mujeres de Obrajes, donde fue recluida el 12 de julio tras ser detenida por solicitud del fiscal Milton Mendoza, en momentos en los que intentaba abordar un avión con destino a Chile.

“Jamás estuve huyendo de este país, porque nunca fui notificada, citada, ni buscada. Mi detención fue totalmente ilegal, arbitraria y abusiva”, aseguró en puertas de la penitenciaría, donde fue recibida por su familia y abogados.

El juez Carlos Villarroel estableció el jueves de la semana pasada una fianza de 100 mil bolivianos para la libertad provisional de la acusada por la comisión de supuestas irregularidades en el retiro de dineros del BCB entre el 12, 13 y 14 de octubre del 2003.

El fiscal Milton Mendoza es el responsable de llevar adelante las investigaciones de este caso, que tiene como supuesta prueba un video en el que se muestra el retiro de grandes cantidades de dinero de las bóvedas del ente emisor.

Nogales, al igual que el ex presidente del BCB Juan Antonio Morales, quien también fue imputado por supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones, asegura que en las jornadas de octubre se desembolsaron 13,7 millones de bolivianos y no los más de 16 millones que asegura el Ministerio Público. “Yo no puedo ser víctima de ningún manipuleo político porque no soy política”, dijo Nogales, mientras que su abogada, Audalia Zurita, advirtió que existe desde el Gobierno una “persecución inusual” en este proceso legal.

Además, la ex gerente del ente emisor acusó al diputado del MAS René Ramos, quien es el responsable de divulgar un video en el que se observa el retiro de dineros del BCB, de ejercer presiones en autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Nogales reiteró su inocencia y se apoyó en auditorías internas y externas, instruidas al Banco Central, para asegurar que actuó en el marco de los procedimientos internos y legales para autorizar el desembolso de 13,7 millones de bolivianos.