La Asamblea Constituyente en Bolivia fue concebida y diseñada como un mecanismo desesperado para intentar resolver la crisis de Estado en un ámbito de deliberación pacífico y democrático. Para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país quedó claro que se trataba de un empeño supremo para no caer en la tentación de zanjar la querella mediante la violencia y el enfrentamiento fratricida.
La condición esencial para el éxito de la Asamblea Constituyente, por tanto, era comprender que nadie debía imponer su visión unilateral acerca de las vías de salida que podría tener la tribulación que padecemos. La Asamblea debía ser pacto, es decir, un evento de congregación nacional en la que nadie se sienta perdedor.
Precisamente por ello, la ingeniería constitucional elegida fue la que proyectó la Unidad de Coordinación para La Asamblea Constituyente y que finalmente quedó consagrada en la Constitución Política del Estado reformada el año 2004 y en la Ley especial de Convocatoria para la Asamblea Constituyente.
En este último instrumento normativo se establecen los elementos centrales y las características con las que debe discurrir la Asamblea Constituyente para cumplir la función para la que fue forjada: en primer lugar, ejercer el poder constituyente derivado, respetando los poderes constituidos y proyectando una reforma constitucional para ponerla a consideración de un referéndum nacional; en segundo lugar, aprobar la reforma constitucional por dos tercios de votos, en estricta concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Estado para la reforma parcial.
Lamentablemente para el país, el partido más importante y que en la actualidad titulariza el Poder Ejecutivo y preside el Poder Legislativo, ha dado muestras definitivas de no comprender la función, propósito y utilidad de la Asamblea Constituyente. Se han empeñado en convertir a la Asamblea en un instrumento más para el logro de una denominada ´revolución democrática y cultural´, que, lejos de permitir la reconstrucción del contrato social, profundiza y radicaliza las divergencias que tenemos y, por ende, ahonda la crisis de Estado.
La Asamblea Constituyente corre el riesgo, no solamente de incumplir la función para la que fue creada, sino que inclusive podría servir de catalizador para acelerar la descomposición social y provocar una resolución violenta de consecuencias lamentables.
Los signos ciertamente son muy desalentadores. La declaración absurda de ´originaria y fundacional´ de una Asamblea establecida en la Constitución, normada por una ley, elegida democráticamente en comicios libres y universales y que respeta los poderes constituidos, sumada la decisión de aprobar la reforma constitucional en su estación de detalle (artículo por artículo) por mayoría absoluta, definen una ruta cuyo devenir es sombrío.
Con la Asamblea Constituyente debíamos aprender a concertar para poder vivir en armonía y en comunidad, a pesar de nuestras diferencias. De ninguna manera pensábamos que podría ser un prolegómeno para renunciar a nuestro derecho a la paz.
*Ricardo Paz Ballivián es sociólogo y constitucionalista.
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