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La posición del oficialismo fue transmitida por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, pero la explicación que dio no es compartida por expertos constitucionalistas.

“No corresponde que el Tribunal Constitucional ejerza control sobre los actos que lleva la Asamblea Constituyente, por la naturaleza y la esencia de ese órgano deliberativo, cuya función es la refundación del Estado a través de la construcción de un nuevo pacto social”, afirmó Arce.

El pronunciamiento se dio luego de que Podemos y algunos representantes cívicos del oriente anunciaran demandas legales en contra del mecanismo de aprobación de las reformas constitucionales, que formuló el MAS.

“La aprobación de la reforma de la Carta Magna requiere de dos tercios del total de los integrantes de la Constituyente, que son 255, por tanto hay observación jurídica y existen todos los elementos para demandar la inconstitucionalidad de este sistema”, dijo el jefe de la bancada de Podemos, Rubén Darío Cuéllar.

Esa fuerza política y los cívicos de cuatro regiones cuestionan también la declaratoria de originaria de la Asamblea, figura establecida en el artículo 1 del reglamento interno de debates.

“Lo primero que va a hacer este Gobierno es cerrar el Tribunal Constitucional antes de fin de año, va a cerrar el Parlamento, va a afectar al Poder Judicial, so pretexto del ejercicio del poder plenipotenciario que tiene la Asamblea”, denunció Cuéllar

Sin embargo, Arce aseguró que de acuerdo al artículo aprobado, los órganos de poder constituidos, es decir “los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, no serán interferidos, molestados, alterados por el trabajo de la Asamblea”. El Ejecutivo cree también que ningún asambleísta puede plantear un recurso de consulta ante el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de los actos de la Constituyente.

“La consulta sólo pueden plantearla (...) el Presidente de la República, el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia”, dijo Arce.

Los constitucionalistas Benjamín Miguel, Antonio Ayala y Carlos Alarcón coincidieron en señalar que la Asamblea Constituyente tiene un solo mandato, que es redactar la Constitución, y en ese marco su carácter originario se circunscribe sólo a ese asunto. Aseguraron que el Tribunal podría actuar si es requerido.

Análisis

“La Constitución está sobre todo”
BENJAMíN MIGUEL, abogado constitucionalista

“Hay una Constitución que rige para todo, por lo tanto la Asamblea originaria no puede desconocer lo que manda la Constitución en cuanto a la estabilidad de un Gobierno y de los tres poderes del Estado. Por eso, por más que se declare originaria, hay una Constitución que nos está rigiendo a todos, y la Asamblea también está regida por la Constitución y la Ley de convocatoria. Por tanto, puede presentarse la consulta ante el Tribunal Constitucional”.

“El Tribunal puede actuar”
Carlos Alarcón, ex viceministro de Justicia

“Hay un procedimiento en la Ley del Tribunal Constitucional para controlar defectos de procedimiento en la reforma constitucional, el mismo hace referencia a la reforma total de la Constitución a cargo de la Asamblea. Eso quiere decir que la Constituyente tiene límites jurídicos. Si excede o viola ese marco, hay este recurso para controlar ese tipo de defecto. Si el Tribunal entra a considerar esa demanda, entonces no le reconoce la calidad de plenipotenciaria”.