A comienzos de diciembre próximo se llevará a cabo en Cochabamba la Segunda Cumbre de Presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones, la cual tiene por tarea adoptar las decisiones fundamentales sobre la agenda futura, la arquitectura institucional y el carácter de este nuevo esfuerzo de integración entre un grupo de países latinoamericanos. Como se acostumbra en estos casos, el país sede de un encuentro de este tipo se encarga hasta el próximo de ejercer la Presidencia pro témpore del mecanismo. Por consiguiente, la función de anfitrión primero y de representación y conducción luego durante algo más de un año, representan para Bolivia un desafío poco frecuente y una enorme responsabilidad internacional, que hay necesidad de aquilatar en todo su alcance.
La complejidad de las tareas mencionadas se deriva ciertamente en primer lugar de las condiciones políticas imperantes en el ámbito sudamericano y, en segundo lugar, de la propia transición interna hacia un nuevo ciclo político e institucionalidad que ha emprendido el país.
Como si esto fuera poco, ahora hay que incluir también entre las dificultades al efecto internacional desfavorable que trae consigo el empantanamiento de la Asamblea Constituyente, con el resultado de que su deslegitimación interna es creciente a la par que acarrea también perjuicios con respecto a la imagen internacional del país. Era comprensible que la Asamblea Constituyente concentrara expectativas de propios y ajenos, en vista de que muchas innovaciones institucionales que se adopten en Bolivia podrían ser incorporadas a su vez por otros países latinoamericanos con configuraciones sociológicas y culturales parecidas.
El empantanamiento de la Asamblea Constituyente trae por tanto, además de los perjuicios internos, un efecto internacional negativo y al mismo tiempo le consume al Gobierno energías y recursos que
podría destinar en cambio a la preparación de todas las condiciones para evitar que el mayor evento internacional de esta época no llene las expectativas existentes o acabe en un rotundo fracaso.
Los riesgos no son pocos. En efecto, la constelación definitiva del liderazgo sudamericano para los próximos años está todavía pendiente de los resultados de las elecciones en Ecuador y de la segunda vuelta en Brasil. En ambos casos podría ocurrir un viraje político que ejercería una influencia considerable con respecto a los principios, objetivos y prioridades de la integración que se adopten en Cochabamba, así como de la geometría de funcionamiento de la Comunidad Sudamericana, la CAN y el Mercosur, respectivamente. El esfuerzo de la política exterior del país tendría que consistir en garantizar resultados satisfactorios de la Cumbre, indistintamente de los desenlaces electorales en los países mencionados, puesto que el país es altamente dependiente de la manera en que funcionen los acuerdos de integración en el futuro.
La tarea es compleja y requiere de un gran talento diplomático y negociador para asegurar al mismo tiempo el logro del interés sudamericano general y de los intereses específicos de Bolivia.
En un tal contexto, resulta absolutamente fuera de lugar que desde las instancias de conducción superior de la política exterior se otorgue más importancia al encuentro paralelo de los movimientos indígenas que a la propia Cumbre de Jefes de Estado, cuya agenda todavía no tiene consenso suficiente, sin que el país haya sido informado hasta ahora sobre los temas que se están barajando arduamente.
*Horst Grebe L. es economista.
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