Los discapacitados piden al Gobierno, a través del Defensor del Pueblo, elevar a rango de ley el Decreto Supremo 27477 que establece que las instituciones públicas tienen la obligación de contratar un mínimo de cuatro por ciento de personas con discapacidad del total de su personal.
De acuerdo a un estudio realizado en las gestiones 2005-2006 sólo 453 personas fueron contratadas de un total de 75 instituciones que respondieron a un cuestionario que se envió a 92 entidades, entre prefecturas, municipios, ministerios, superintendencias, servicios básicos, universidades, cortes superiores y cámaras legislativas.
El 15 de octubre fue declarado por decreto supremo “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”. En ese marco, el Defensor del Pueblo presentó un informe sobre la inserción laboral de estas personas en diferentes áreas del sector público.
Según este informe la Alcaldía de Trinidad es la que mayor cantidad de discapacitados contrató, 130 personas (8,5 %) seguido de la Alcaldía de Santa Cruz, 81 personas (5,2 %). Según la responsable del proyecto, Gardy Costas, pese a que ambas instituciones superan el 4% la cantidad aún es pequeña con relación al total.
El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, aseguró que pese a que existe una amplia normativa en favor de este sector, lo que persiste “es la falta de cultura de vida cotidiana”.