Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional demostró que la existencia y funcionamiento de este órgano judicial es, definitivamente, una garantía para todos los bolivianos. Igualmente, como expresión vital del Estado de Derecho en el país, exige que todas las instituciones asuman la obligatoriedad de constituirse en celosas custodias de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política del Estado.

A la vez, se puede apreciar que el Ministerio Público cometió un atropello flagrante, al haber dispuesto el arresto de la señora Nogales sin contar con el respaldo de una decisión judicial. Su actuación, al estilo de las policías políticas de las dictaduras, sentó un funesto precedente.

En la presente circunstancia, es necesario anotar que a la víctima no se le abrió proceso alguno para que, en esta instancia, asuma su defensa. Por tanto, no podía ser notificada en el sentido de que tenía un arraigo para que no se mueva de la ciudad de La Paz.

El Tribunal Constitucional, al ingresar al análisis de la legalidad o ilegalidad de la aprehensión dispuesta por el fiscal de materia Milton Mendoza Miranda, estableció que ésta resulta arbitraria por inobservancia de formalidades especiales…, ilegalidad que pese a haber sido denunciada en los tribunales de instancia no fue debidamente subsanada, vulnerándose así las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica procesal…”

La lección aprendida es que el Ministerio Público no es, en estos tiempos, la garantía de respeto a los derechos ciudadanos y que, por el contrario, los viola.